BUENOS AIRES
AP
El gobierno argentino dispuso que la constructora brasileña Odebrecht no participe por un año en licitaciones de obras públicas a raíz de las investigaciones judiciales de las que es objeto.
Una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial establece que se suspende “de modo preventivo por doce meses la tramitación del certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación” a la empresa.
Odebrecht “no podrá participar en aquellos procesos de contratación en los cuales este certificado resulta exigible”, agregó la resolución de una dependencia del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
La medida no hizo mención a las obras en las que Odebrecht participa actualmente en el país.
La compañía emitió un comunicado en el que manifestó que “está evaluando la decisión del Registro Nacional de Constructores y buscará que sus derechos sean preservados” y reiteró su compromiso “en colaborar con las autoridades y ya adopta las medidas necesarias para una actuación empresarial ética, íntegra y transparente.”
Odebrecht ha reconocido como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense el pago de más de 700 millones de dólares a gobiernos de América Latina a fin de conseguir contratos millonarios de obras públicas. En el caso de Argentina, sus ejecutivos admitieron haber pagado 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, cuando gobernaba la presidenta Cristina Fernández (2007-2015).
En Argentina hay varias causas judiciales en curso contra Odebrecht, entre ellas el presunto pago de sobornos a funcionarios para ampliar una planta potabilizadora de la empresa de saneamiento estatal Aysa, en las afueras de Buenos Aires. Hasta el momento la exmandataria no está involucrada en las causas que investigan a la empresa.
La resolución argumentó que “se han abierto varios procesos judiciales y procedimientos administrativos” en Argentina y en el exterior “en los que se involucra a la empresa en ‘prácticas corruptas’”.
Señaló que la medida se toma teniendo en cuenta «la apertura de causas en el fuero federal” argentino y de investigaciones de fiscales.
Agregó que existen “fuertes y convincentes indicios de su participación en prácticas de corrupción, los que resultan incluso de la documentación aportada por la propia empresa”.
