BUENOS AIRES
Agencia/AP
Los líderes sindicales de Argentina reclamaron ayer al Congreso la urgente sanción de una ley de emergencia ocupacional que ponga fin a la ola de despidos en el sector público y privado o de lo contrario advirtieron que iniciarán acciones de lucha.
El pedido de los jefes de las cinco centrales de trabajadores del país a los jefes de bloque del Senado se produjo un día después de que el ministerio de Modernización difundiera la cifra oficial de 10 mil 921 trabajadores públicos despedidos en los últimos tres meses.
A su vez en el ámbito privado se teme la pérdida de entre 100 y 200 mil puestos de trabajo en los próximos meses.
«Si los legisladores no sacan una ley que frene esto, los despidos van a empeorar y se van a acelerar», dijo Pablo Micheli, secretario general de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA).
Los sindicalistas destacaron que en el sector privado hubo un número similar de trabajadores que perdieron el empleo que en la administración pública.
No hay cifras oficiales debido a que el organismo encargado de elaborar las estadísticas está intervenido y en proceso de reformular los métodos de medición.
«Se votó la ley para pagar a los holdouts (acreedores de la deuda impaga desde 2001). Espero ahora se voten leyes para pagar a los trabajadores y desempleados», apuntó Antonio Caló, líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), en referencia a la norma sancionada hace una semana que autoriza al gobierno de Mauricio Macri a cancelar una deuda por más de 10 mil millones de dólares con bonistas.
«No venimos al Congreso a exigir, venimos a pedir ayuda para que no tengamos que emprender la lucha», advirtió Luis Barrionuevo, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de Argentina.
El gobierno aduce que los recortes en el sector público afectaron a trabajadores con militancia política en el kirchnerismo, a quienes las anteriores autoridades les renovaron el contrato poco antes de abandonar el poder. También apuntaron a los llamados «ñoquis», empleados públicos que cobran un salario a fin de mes, pero no cumplen tareas.
En el ámbito privado, la Unión Industrial Argentina (UIA) pronosticó días atrás que entre 100 y 200 mil puestos de trabajo corren peligro por el fuerte aumento en los servicios públicos dispuestos por el gobierno y la crisis en Brasil.
El Congreso está controlado por el opositor partido peronista, que se ha comprometido a atender el pedido de los gremios, en su mayoría de la misma corriente política. No obstante, el presidente Macri tiene poder de veto de las leyes sancionadas.
