BUENOS AIRES
AP
Argentina ha registrado un fuerte aumento de la pobreza en el primer trimestre del año como consecuencia de la inflación y la caída en la demanda de empleo, reveló ayer un estudio privado.
La tasa de pobreza alcanzó a 34,5% de la población en marzo mientras que 6,9% de los habitantes viven en la indigencia, según la encuesta elaborada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA).
La entidad aclaró que esta medición no contempla la ola de despidos que se viene produciendo en la administración pública y en el sector privado en los últimos meses ni los recientes aumentos en las tarifas del transporte público y de los servicios domiciliarios, como electricidad y gas, por lo que las estadísticas proyectadas deben ser tomadas como «el piso» de la situación social actual.
Comparado con fines de 2015, hay 1,4 millón más de pobres, los cuales suman un total de 13 millones. Y al menos 350 mil personas se convirtieron en indigentes en los primeros meses de 2016.
«La situación económica de estos meses invita a la preocupación a quienes nos dedicamos a analizar la pobreza y la desigualdad», dijo Agustín Salvia, director del Observatorio.
El estudio deja en evidencia el impacto social de las medidas económicas dispuestas por el nuevo gobierno de Macri en los primeros 100 días de gobierno, entre ellas una fuerte devaluación del peso tras el levantamiento de las restricciones cambiarias que aceleraron el proceso inflacionario de los meses anteriores.
En los primeros dos meses del año, el costo de vida aumentó 8,6%.
El gobierno aduce que lleva adelante un sinceramiento de las principales variables de la economía distorsionadas tras 12 años de un modelo populista y prometió que en la segunda parte del año habrá una desaceleración de la inflación.
El presidente confía además que el inminente arreglo con los acreedores de la deuda en cese de pagos desde 2001 repercutirá en la llegada de inversiones que reactivarán la economía y la demanda de empleo.
Desde la oposición y los sindicatos denuncian la impericia del gobierno para reducir el impacto de estas medidas en los sectores más desprotegidos de la población.
«Si al menos en el corto plazo no se logra controlar los aumentos de precios en productos y servicios básicos y reactivarse la demanda de empleo… difícilmente podrá revertirse la tendencia ascendente que están registrando las tasas de indigencia y de pobreza urbana», advirtió el informe de la UCA.
Las mediciones oficiales de pobreza e indigencia no se difundirán hasta el segundo semestre del año debido a la intervención del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri para devolverle credibilidad a ese organismo acusado de manipular las cifras durante la anterior gestión de Cristina Fernández (2007-2015).
