Por DANICA COTO
SAN JUAN
Agencia/AP
La legislatura de Puerto Rico redujo los poderes de una comisión supervisora que había sido propuesta para estabilizar las finanzas de la isla y satisfacer las demandas de los propietarios de bonos en medio de la actual crisis económica.
La Cámara de Representantes puertorriqueña aprobó una moción la tarde de ayer que crearía la comisión supervisora, tras votar a favor de varias enmiendas que ya habían recibido el visto bueno del Senado y que despojarían a la comisión de varias de sus facultades.
Los legisladores debatieron en torno a la medida mientras espectadores alzaban carteles que decían «Puerto Rico no está en venta».
Una enmienda permitiría a la comisión darle luz verde, pero no dar aprobación definitiva, a un plan de reforma fiscal para cinco años. Otra enmienda dice que la comisión puede examinar los presupuestos de las agencias del gobierno, pero no modificarlas.
La nueva ley es un revés para la medida que el gobernador Alejandro García Padilla había sugerido inicialmente, en momentos en que Puerto Rico trata de reestructurar su deuda pública de 72.000 millones de dólares, que según el gobernador es imposible de pagar.
Melba Acosta, presidenta del Banco de Desarrollo, dijo hace pocos días que los acreedores informalmente han exigido la creación de una comisión de supervisión fiscal, y que algunos ansían que el gobierno federal la designe.
Puerto Rico lleva casi una década sumida en una crisis económica, y el banco ha advertido que habrá recortes en servicios públicos o se declarará en mora en pago antes que culmine el año debido a falta de fondos.
A pesar de los pedidos de crear una comisión de supervisión fiscal, varios legisladores sostienen que deberían tener la facultad de ejercer poder sobre ella.
«Esta no será una comisión para Washington, D.C. o Detroit», declaró el presidente del Senado Eduardo Bhatia el miércoles luego que el Senado aprobó la medida. «Esta comisión no controla nada, no decide nada. Será para observar. La Asamblea Legislativa será la que toma las decisiones».
El Senado de Puerto Rico revisará la nueva propuesta en los próximos días. Si hay objeciones, la propuesta irá a un comité de consultas, dijo Oliver Otero, portavoz de la Cámara de Representantes
