Madrid
Agencia dpa
La más destacada es la del director de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, José María Buenaventura, que habría utilizado una de estas tarjetas cuando fue consejero de la caja, nombrado a propuesta del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, informaron medios españoles.
Otro de los ceses fue el del socialista Ángel Gómez, quien dejó el brazo del Partido Socialista en Madrid después de que el líder de la formación, Pedro Sánchez, anunciara su intención de estudiar cada caso y de expulsar a los implicados en el escándalo.
El escándalo también salpicó a los principales sindicatos del país. En CC.OO. dimitió Rodolfo Benito, miembro de la dirección, mientras que en UGT, la otra organización sindical mayoritaria del país, presentó su renuncia José Ricardo Martínez, secretario general de UGT-Madrid.
En las últimas horas también abandonó su cargo el gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de la localidad de Boadilla del Monte (Madrid), Manuel José Rodríguez, exconsejero de Caja Madrid propuesto por el PP.
Según informaron medios españoles, 86 ex consejeros de Caja Madrid hicieron uso de estas tarjetas «fantasma» desde 1999 hasta 2012 y cargaron en ellas gastos personales como comidas en restaurantes, viajes, ropa o compras en centros comerciales.
Entre ellos, miembros de grupos políticos como el PP de Mariano Rajoy, el PSOE o Izquierda Unida (IU) y sindicatos como CC.OO. y UGT.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo hoy que entiende la indignación que el caso ha despertado entre la ciudadanía. «Al primero que se le revuelve el estómago por las inyecciones de capital de la banca es al ministro de Economía», expresó.
El caso está en manos del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien remitió toda la información del caso a dos peritos designados por el Banco de España para que analicen si hay delito.
Los datos forman ya parte del sumario del caso que instruye el magistrado para investigar las irregularidades que hubo en la gestión de Caja Madrid, entidad que recibió una inyección pública de más de 4.400 millones de euros en 2011 para su fusión con Bancaja, y de Bankia, fruto de la operación.
Fue Bankia la que alertó al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de la existencia de las tarjetas, que no constaban en la contabilidad de la entidad.
El FROB, entidad pública que gestionó la reestructuración y fusión de bancos en plena crisis financiera, envió la información a la Fiscalía Anticorrupción, que apreció indicios de delito societario y de apropiación indebida.
Entre las personas que habrían utilizado estas tarjetas está el ex presidente de la entidad, Miguel Blesa, el primer gran banquero español que entró en prisión por la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid. También su sucesor en Bankia, el ex ministro Rodrigo Rato.
Las primeras dimisiones por el escándalo llegaron el jueves. El gobierno de la región de Madrid cesó a su director general de Economía, Pablo Abejas y la presidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, presentó su renuncia.
La Agencia Tribunaria española abrirá una investigación para analizar el uso de todos los gastos de representación en las empresas del Ibex 35, el índice principal de la Bolsa española, según informaron desde el Ministerio de Hacienda.
