BUENOS AIRES
Agencia AP
El polémico proyecto para que el Estado intervenga en la formación de precios y que contempla multas a las empresas consideradas abusadoras de los consumidores ya fue aprobado por el Senado y saldría adelante gracias al peso del oficialismo y sus aliados en la cámara baja. El debate con la oposición promete ser ríspido y prolongarse durante muchas horas.
El jefe de gabinete Jorge Capitanich defendió ante periodistas la iniciativa al señalar que protege «al productor pequeño y mediano y al consumidor» de las «grandes empresas que tienen abuso de posición dominante».
La inflación es una de las principales preocupaciones de los argentinos. Según datos oficiales el alza de los precios acumula un crecimiento de 18,2% en los primeros ocho meses del año, mientras que consultoras privadas consideran que es de 40,38%.
El gobierno afirma que la inflación obedece en gran parte a las distorsiones generadas por los propios empresarios en la cadena de formación de precios.
La Cámara de Diputados tratará en la misma sesión maratónica un paquete integrado por la reforma de la ley de abastecimiento de 1974, la creación de un observatorio de precios y la instauración de un fuero judicial especial para resolver los reclamos de los consumidores. La oposición anticipó que sólo brindaría su apoyo a la tercera de esas iniciativas.
Luis Etchevere, titular de la Sociedad Rural Argentina, una de las principales entidades agropecuarias, anunció que reclamará ante la justicia la inconstitucionalidad de la reforma de la ley de abastecimiento luego de que sea aprobada.
Grandes agrupaciones empresarias como la Unión Industrial Argentina también rechazan de plano lo que consideran una intervención innecesaria del Estado en la formación de precios.
El ministro de Economía Axel Kicillof dijo el martes que este paquete de leyes busca dotar al Estado «de instrumentos para defender a los consumidores» e instó a «no crear un fantasma porque acá no hay ningún Estado que venga a intervenir ni avasallar la libertad de empresa».
