Por CLAUDIA TORRENS,
NUEVA YORK
Agencia AP
Daniel Pollack, impuesto por un juez neoyorquino para mediar el conflicto, dijo a través de un comunicado que «los temas que dividen a ambas partes siguen sin resolverse».
Un fallo del juez Thomas Griesa de Nueva York establece que Argentina no puede pagar a los bonistas que aceptaron los canjes de deuda que realizó el país en 2005 y 2010 si antes no paga mil 600 millones de dólares a un grupo de inversores que compraron títulos en cesación de pagos por escaso valor y luego demandaron al país.
Argentina se niega a pagar y, debido a la orden judicial en Estados Unidos, el país fue declarado en «default» parcial o técnico por calificadoras de riesgo internacionales.
La orden de Griesa, además, impide que varios bancos desembolsen unos 540 millones de dólares a los bonistas reestructurados que aceptaron los canjes. Argentina depositó el dinero pero Griesa lo retiene porque asegura que todos los fondos deben cobrar, sean reestructurados o no.
Este problema se remonta a 1998, cuando Argentina entró en recesión y debía pagar un monto exorbitante de deuda externa que había contraído y a muy corto plazo. Por ese motivo, en 2001 ofreció un «megacanje» a través del cual cambió títulos de deuda, que expiraban a corto plazo, por otros que expiraban a más largo plazo, pero con intereses más altos para trata de evitar caer en mora en los pagos.
El «megacanje» no fue efectivo y en diciembre de 2001 el país declaró el cese de pagos de su deuda por aproximadamente 100 mil millones de dólares.
Esos bonos fueron reestructurados en 2005 y 2010 y muchos acreedores aceptaron las nuevas condiciones, lo que representaba una disminución de sus ganancias. Pero en 2008 otros inversionistas compraron algunos títulos de deuda que habían quedado en cese de pagos.
El precio de compra se hizo a bajo precio y automáticamente reclamaron ante la justicia estadounidense el 100% de su valor. Buenos Aires ha dicho que esos fondos estadounidenses son «buitres» por adquirir bonos en una ganga.
Ambas partes mantuvieron conversaciones a finales de julio en Nueva York pero no llegaron a ningún acuerdo.
El gobierno argentino anunció recientemente que recurrirá a la Organización de Naciones Unidas para que se establezca un marco regulatorio que proteja los procesos de reestructuración de deuda de los ataques especulativos.
