Buenos Aires,
Agencia dpa
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado la semana pasada una denuncia penal del Estado argentino a la filial argentina de la imprenta Donelley «por alteración al orden económico y financiero», en lo que sería la primera aplicación de la ley antiterrorista promulgada a fines de 2011.
La planta de Donelley en la localidad bonaerense de Garín cerró sus puertas el lunes 11 de agosto, sin previo aviso, y dejó a 400 personas sin trabajo. Según la presidenta, «se creó un estado de quiebra que no es tal para crear temor en la población».
El titular de la CNV afirmó hoy a radio Del Plata que «la denuncia que estaría haciendo la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) tiene que ver con quiebra fraudulenta y como derivación podría aplicarse el artículo del Código Penal, el 309 de la 26733 de Ley de Delitos Económicos que penaliza una serie de prácticas fraudulentas».
Según Vanoli, la confusión habría surgido porque «esta ley fue aprobada en conjunto con la ley antiterrorista».
El presidente de la Comisión Nacional de Valores señaló que «esto tiene que ver potencialmente con una posible incursión de delito económico conexa con una quiebra fraudulenta, pero no tiene nada que ver con la ley de terrorismo».
El funcionario anticipó en tanto que la CNV realizará una denuncia ante la Comisión de Valores (SEC) de los Estados Unidos contra Donnelley para que los inversores «sepan todo lo que ocurre en la filial argentina».
