Los puertorriqueños tuvieron la oportunidad de expresar sus temores acerca de un enorme plan de reestructuración de la deuda pública ante una juez con poder de decisión sobre el futuro económico de Puerto Rico.
Tras meses de disputas entre abogados, economistas y tenedores de bonos, la sesión fue una ocasión para que jubilados, amas de casa y otros compartieran sus preocupaciones de que el plan pueda asfixiar a las pequeñas empresas, congelar las pensiones o causar más dificultades en un territorio estadounidense que ya ha sufrido años de constante declive económico.
Algunos dijeron estar preocupados porque, a pesar de la restricción, se necesiten más recortes en el dinero que se adeuda a los acreedores para evitar una nueva quiebra e incluso más dificultades.
Los testimonios en un juzgado de San Juan se produjeron más de seis años después de que la isla se declarase incapaz de pagar sus más de 70,000 millones de dólares de deuda pública acumulada tras décadas de mala gestión, corrupción y endeudamiento excesivo, y más de cuatro años después de presentar la mayor bancarrota municipal en la historia de Estados Unidos.
Wanda Alabarces, una viuda de 75 años de San Juan, se quejó ante la juez Laura Taylor Swain de que la deuda se había acumulado de forma ilegal por un gobierno «nefasto» y que debería ser auditada.
«No sabemos lo que estamos pagando», dijo en una declaración que fue retransmitida por internet y por teléfono.
El plan reduciría 30,500 millones de dólares del total de la deuda a 7,500 millones, permitiría que el gobierno emitiese 10,000 millones de dólares de deuda nueva y entregaría unos 7,000 millones en efectivo a los tenedores de bonos que no han cobrado en casi cinco años.
El plan eliminaría los más de 1,300 millones de dólares que se deben a proveedores gubernamentales, contratistas y otros, algo que los líderes empresariales dicen que obligaría a algunas empresas a echar el cierre. Además, anula una propuesta previa de recortes en las pensiones, pero no permitiría que éstas se ajusten al costo de la vida. Los beneficios de jubilación de los empleados gubernamentales seguirían congelados.
Y la gente que invirtió en su jubilación comprando bonos del gobierno de Puerto Rico recibirán apenas unos centavos por cada dólar que se les adeuda.
«Su decisión, jueza Swain, es lo único que separa a nuestras familias y comunidades de un mayor sufrimiento y dolor», declaró Alana Feldman, hija de un policía y una maestra de la localidad de Adjuntas, en las montañas del centro del país.
Feldman señaló que su madre, que recibe una pensión mensual de 500 dólares como profesora retirada, ha perdido unos 9 kilos (20 libras) en los últimos años porque enfrenta «la carga diaria de decidir si comprar medicamentos o proteínas».
Annette Jiménez de Vega Baja, madre de tres hijos, señaló que teme que el plan solo lleve a la isla a una segunda bancarrota, con la carga «sobre los cansados hombros de la misma gente».
«Queremos salir de la quiebra, pero no puede ser llevándonos o condenándonos a la miseria», afirmó Jessica Ortega, directora de escuela. «Ya vivimos en la pobreza».
La juez dijo que aunque la ley la obliga a considerar muchos factores, «escuchar el dolor, las esperanza y los sueños hoy es muy importante para la corte».
El economista puertorriqueño José Caraballo-Cueto advirtió que el plan «no es factible», agregando en una carta a la magistrada que Puerto Rico enfrentaría otra ronda de restructuración en las próximas décadas.
«Una alta posibilidad de un segundo incumplimiento de pagos supone una baja probabilidad de regresar al mercado crediticio», escribió.
Los partidarios de la reestructuración sostienen sin embargo que el plan es esencial para acabar con la bancarrota y destacan que muchos acreedores han aceptado concesiones significativas.
Esto reduciría los pagos de la deuda gubernamental de 25 centavos por dólar recaudado en impuestos a 7.2, según David Skeel, presidente de la junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla y redactó el plan.
«Es un momento verdaderamente histórico para Puerto Rico (…) No hay duda de que cerrar este capítulo sería un paso importante para Puerto Rico, especialmente si lleva a un recorte sustancial en los pagos futuros a los acreedores, allana el camino al acceso a los mercados financieros y asegura que futuros gobiernos no repitan las mismas prácticas que llevaron a esta quiebra», escribió recientemente en el diario boricua El Nuevo Día.
