El presidente Guillermo Lasso propuso una serie de reformas económicas, tributarias y laborales para reorientar el rumbo de Ecuador, y solicitó contribuciones especiales a los sectores más ricos.
La pandemia ha agudizado los problemas y ahora sólo el 30% de los ecuatorianos tiene un empleo permanente.
En cadena de radio y televisión, el mandatario dijo que el país se encuentra ante «una oportunidad única de reconstruir una economía que durante demasiado tiempo ha sido maltratada y distorsionada por los gobiernos de turno; es la oportunidad de corregir vicios que hemos arrastrado durante décadas».
Destacó que no subirá el impuesto al valor agregado, el cual es de 12%, ni el precio del gas de uso doméstico, y simplificará el sistema tributario eliminando gravámenes que afectan a las clases populares, a los emprendedores, al turismo, a la telefonía celular y a las herencias. Por otro lado, generará estímulos para empresas que quieran apoyar el deporte de alta competencia, el arte y el turismo.
Lasso dijo que, para estabilizar la economía, «quienes más han ganado durante la pandemia deben contribuir más», lo que afectará a un 3,5% de los ecuatorianos. Quienes ganen más de 2.000 dólares mensuales deben aportar de forma progresiva y gradual, y también solicitará una contribución especial por dos años a los estratos más ricos —quienes tengan patrimonios mayores a 500.000 dólares_, y también a empresas con patrimonios mayores a un millón de dólares, estas últimas sólo por un año.
Acerca de las reformas laborales destacó que, sin afectar el código laboral existente y sin vulnerar derechos adquiridos, buscará la aprobación de un régimen alternativo y voluntario de oportunidades de trabajo con nuevas modalidades de empleo y contratación. Esto generará dos millones de empleos en los próximos años, señaló.
Aseveró también que procurará atraer inversión nacional y extranjera generando seguridad jurídica y armonizando normas nacionales con leyes internacionales.
Lasso aseguró que todas estas propuestas están incluidas en un proyecto de ley que será presentado el viernes a la Asamblea con carácter urgente, lo que implica que ese organismo tiene 30 días para aprobarlo o rechazarlo. De todas formas, si no se toma una decisión en ese plazo, la propuesta entrará en vigencia sin más trámite.
El mandatario indicó que se decidió a proponer este proyecto porque el país enfrenta una deuda nacional de aproximadamente el 63% del producto interno bruto, un déficit fiscal de 7.000 millones de dólares, un desempleo y subempleo del 70%, una situación de pobreza extrema para el 20% de los ciudadanos, y un 30% de niños menores de dos años con desnutrición.
«No es el camino más cómodo ni el más sencillo políticamente hablando, es simplemente el camino del esfuerzo», señaló, y convocó a los sectores sindicales, populares y sociales a debatir la propuesta con la mira puesta en el futuro del país y las nuevas generaciones.
