El gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció que Petróleos de Venezuela S.A. transfirió su participación de 49% en la Refinería Dominicana de Petróleo PDV S.A. a cambio de la recepción de deuda externa emitida por esta nación sudamericana y la petrolera venezolana.
Como resultado de esa transacción, PDVSA y Venezuela «logran reducir su deuda pública externa y el Estado dominicano se convierte en el único accionista de REFIDOMSA», indicó el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, en un comunicado divulgado en Twitter.
La operación fue realizada a través de la empresa PATSA LTD, filial del grupo dominicano Rizek que «actuó como facilitador de la transacción», destacó el comunicado, sin dar otros detalles.
En Santo Domingo, en tanto, el ministro de Hacienda dominicano José Manuel Vicente explicó que, debido a las sanciones que Estados Unidos impuso a PDVSA y sus filiales, REFIDOMSA «se ha visto desde entonces afectada en su acceso al crédito local e internacional y con limitaciones para utilizar los medios de pago bancarios, por lo que ha tenido que suspender o posponer proyectos de ampliación y renovación» de la refinería. Además la empresa ha estado impedida de realizar las gestiones corporativas normales de sus órganos de dirección y administración.
Washington impuso sanciones contra PDVSA en un esfuerzo por expulsar a Maduro del cargo.
Las sanciones estadounidenses, además de privar al gobierno venezolano de ingentes ingresos por la venta de petróleo, también restringen el acceso de Venezuela a los diluyentes necesarios, entre otros insumos necesarios en el procesamiento del crudo.
El precio de compra acordado fue de unos 74 millones de euros o unos 88,1 millones de dólares, unos 47,6 millones de dólares menos en comparación al precio de venta que PDV CARIBE, S.A., una filial de PDVSA, pagó en su momento a la República Dominicana 10 años atrás, informó el ministro dominicano.
El gobierno de Estados Unidos fue informado «oportunamente» de toda la estructura y documentación relativa a la operación, acotó Vicente. Washington, por su parte, expresó «no tener ninguna objeción a que se materialice la transacción», resaltó el funcionario dominicano.
La adquisición por parte del Estado dominicano se realizó bajo los «parámetros éticos y de transparencia que caracterizan a la presente administración de gobierno», así como bajo «el más estricto apego y cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales de la República Dominicana», agregó.
