POBLADORES DESALOJADOS EN LAGUNA LARGA PIDEN SER REINSTALADOS

Se instalaron en el 84, ley entró en vigencia en el 89 y llevan 18 meses de espera

Por Denis Aguilar
daguilar@lahora.com.gt

Pobladores de Laguna Larga, en San Andrés, Petén, pidieron a las autoridades de Gobierno ser reinstalados en su comunidad luego del desalojo que sufrieron el pasado 2 de junio de 2017, por el cual ahora más de 100 familias viven en un campamento en la línea fronteriza entre Guatemala y México, en condiciones infrahumanas.

Los pobladores de Laguna Larga fueron desalojados por el Gobierno con el argumento de que estaban ubicados en un área protegida. Sin embargo, ellos indican que fundaron la aldea en 1984, huyendo de la guerra, varios años antes de que entrara en vigencia la ley de Áreas Protegidas.

Constantino Vásquez, representante de la comunidad Laguna Larga, dijo que llevan casi dos años de estar sufriendo en el campamento condiciones inhumanas, por lo que exigieron que el Gobierno les conceda el retorno al lugar donde habitaban desde 1984.

“Hemos sufrido tanto, mayormente las mujeres, los niños, los ancianos y todo es un sufrimiento allá en el campamento y esperamos que el Gobierno nos dé el retorno a nuestra comunidad porque allá teníamos todo, teníamos nuestras tierras para trabajar, porque somos campesinos y no podemos vivir sin un pedacito de tierra porque de ella vivimos”, expresó Vásquez.

Servelio González, otro de los pobladores, explicó que no han visto ningún avance para dar solución a la problemática por la cual atraviesan, asegurando que no han tenido respuestas positivas de parte del Gobierno.

“Así como violaron nuestros derechos, también así deben de cumplir ellos. Nos desalojaron, dijeron que nos iban a dar una vida en otro lado y han sido puras mentiras”, aseguró.

Los pobladores dicen que fueron sacados del lugar debido a que eran señalados de extranjeros, narcotraficantes, taladores de árboles, de traficantes de armas, entre otros señalamientos.

COMUNIDAD SE INSTALÓ EN 1984

El Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH) explicó que la comunidad de Laguna Larga se instaló en 1984 por pobladores que huyeron de la guerra interna, posteriormente en 1989 entró en vigencia la Ley de Áreas Protegidas, lo cual generó el conflicto con dicha población.

Asimismo, explicaron que donde estaba ubicada la comunidad es una zona de usos múltiples de la Reserva de la Biósfera Maya, por lo que no habría ningún inconveniente en que las personas vivan en dicho lugar. Además, afirmaron que durante décadas el Estado les brindó certeza jurídica para que las personas habitaran el lugar.

Edgar Pérez, director del Bufete, dijo que se está exigiendo al Estado dar cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que garanticen derechos como la vida, integridad física, acceso a condiciones de salubridad y alimentación.

“Lo que estamos solicitando es que haya un retorno, por lo menos provisional, a las condiciones previas al desalojo, es decir, el retorno a la comunidad Laguna Larga donde ellos tenían condiciones de vida y desarrollo económico”, afirmó Pérez.

Pérez detalló que lograron identificar que durante el desalojo dos adultos perdieron la vida debido a paros cardiacos, mientras que en el desplazamiento de las personas al menos tres mujeres sufrieron abortos involuntarios.

El BDH señala que los pobladores ya llevan más de 500 días viviendo a la intemperie sin alimentos, agua potable, sin energía eléctrica y sin fuentes de trabajo.

MESA DE DIÁLOGO

Según el BDH, debido a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, se realizó una mesa de diálogo de alto nivel que hasta la fecha no ha dado ningún resultado positivo.

El titular de la Comisión Presidencial de Diálogo, Sergio Flores, señaló que se requiere de una finca de para poder trasladar a las personas de Laguna Larga, para lo cual se había destinado una ubicada en Izabal. Sin embargo, al ser producto de extinción de dominio, se necesita que estas pasen al Fondo de Tierras para realizar el proceso.

Flores agregó que son alrededor de 89 familias las que habitan en la línea fronteriza, aunque el BDH señala que son 111. Sin embargo, aunque el Comisionado dijo que familias se han ido a otros lugares.