Ing. Leonel Salas Juárez
Guatemala se encuentra, junto con Haití y Venezuela, entre los países con un alto grado de impacto en el riesgo de reducción de la capacidad adquisitiva para acceder a alimentos.
Según el informe Seguridad Alimentaria bajo la pandemia de COVID-19, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) a petición de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (Celac), el coronavirus repercutirá en un aumento del hambre y pobreza en la región.
Guatemala, además, tiene riesgo medio alto a la alteración en los precios domésticos de los alimentos debido a disrupciones en los flujos de importación de alimentos, un grado medio bajo en cuanto a las limitaciones en el acceso a insumos intermedios y a capital fijo para la producción de alimentos, entre otros. El informe menciona que las medidas sanitarias implementadas para evitar la propagación del virus tienen consecuencias directas sobre el funcionamiento de los sistemas alimentarios. Por ello se requieren acciones complementarias para que la lucha contra la pandemia no comprometa la seguridad alimentaria de la población guatemalteca.
En Guatemala 1,2 millones de personas necesitan ayuda alimentaria de urgencia en un país con más de 17 millones de habitantes. Son 570 000 más que a principios de año, como consecuencia de la pérdida de medios de vida relacionada con la pandemia. A finales del mes de mayo se reportaron más de 15 000 casos de desnutrición aguda infantil, cifra que supera el total de casos registrados durante 2019. La emergencia sanitaria está afectando a la seguridad alimentaria de miles de personas en Guatemala. La falta de ingresos, la falta de disponibilidad y acceso a alimentos, unido a un posible colapso del sistema sanitario -si el ritmo de contagios sigue como hasta ahora- provocaría un aumento de la desnutrición aguda infantil, además de poner en riesgo la vida de miles de madres y niños y niñas ante la falta de atención médica. “Los servicios de salud se han enfocado durante más de siete meses a las acciones para prevenir la COVID-19, razón por la cual los servicios regulares de atención a la salud materna e infantil no se han brindado con regularidad, lo cual pone en riesgo la salud de este sector tan importante de la población” (Acción contra el Hambre, 2020).
Un sistema de salud débil y fragmentado, donde los servicios médicos especializados se concentran en pocos centros urbanos, no garantiza el acceso universal necesario para hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala la necesidad urgente de aumentar la capacidad de pruebas, diagnóstico y preparación de los servicios de salud, al tiempo que la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y personal médico están alertando del inminente colapso de los principales centros hospitalarios de la seguridad social y de la falta de materiales y suministros para hacer frente a la pandemia.
Hambre y desnutrición: efectos indirectos de la COVID-19
“Más de la mitad de los hogares de Guatemala están teniendo dificultades para acceder a los mercados y cuatro de cada diez familias están usando estrategias de adaptación que las dejan en peor situación, como la pérdida de ahorros o la venta de algunos activos de los que dispongan”. Uno de sectores más vulnerable a la desnutrición es la zona del Corredor Seco, donde se están aumentando los casos de desnutrición aguda entre niños y niñas menores de cinco años y donde las consultas externas y los servicios de prevención de la desnutrición han dejado de funcionar con normalidad desde que se declaró la pandemia”.
“El coronavirus agrava lo que se vivió el año pasado con los efectos de la sequía; preocupa su impacto sobre los hogares que ya tienen complicación alimentaria, pero también la extensión del problema, porque hogares que no llegaban a ese nivel de gravedad van a comenzar a experimentarlo en las próximas semanas, por esa reducción tan dramática en los ingresos y del incremento de precios de los alimentos”.
Por otro lado, la pobreza ha aumentado en el país, no hay una estimación precisa para Guatemala, pero lo cierto es que el impacto del nuevo coronavirus en el país, traerá más pobreza, la cual por ahora se calcula alcanza a seis de cada diez guatemaltecos.
Actualmente transcurridos más de siete meses de pandemia en el país, continúa la preocupación por la falta de datos oficiales de desnutrición aguda. La información desde algunas áreas de salud indica que sí hay aumento de niños y niñas afectados por desnutrición aguda. Algunas ONG han presentado datos y preocupación por el incremento de desnutrición aguda especialmente en el corredor seco.
Dadas las condiciones de distanciamiento social aunado al énfasis en la prevención a la infección por COVID-19 así como el cierre de varios servicios de consulta externa de los servicios de salud, han provocado la ausencia de servicios básicos preventivos de nutrición, por la pérdida de trabajo y remesas familiares, cientos de familias se están uniendo a las ya existentes en inseguridad alimentaria y nutricional lo que aumenta el riesgo del aparecimiento de desnutrición aguda en niños/as pequeños/as.
El estado nutricional continúa siendo invisibilizado.
Personas en inseguridad alimentaria:
El COVID-19 ha tenido un impacto negativo en la seguridad alimentaria de las familias; los más afectados son los segmentos más pobres y vulnerables de la población, estos hogares tienen menos recursos para hacer frente a la pérdida de puestos de trabajo e ingresos, al aumento de los precios y acaparamiento de los alimentos, por lo tanto, tienen menos capacidad para adaptarse a la crisis. Actualmente se encuentran en mayor riesgo frente a la epidemia del COVID-19 las familias que han venido sufriendo de Inseguridad Alimentaria y Nutricional (INSAN), la cual se agravará estos días por estar iniciando el periodo de hambre estacional, el cual se presenta todos los años de mayo a septiembre.
Las familias rurales, quienes en su mayoría se dedican a la agricultura han tenido una disminución de sus ingresos y por lo tanto de su poder adquisitivo. Esto debido a la falta de empleo, pérdida de acceso al mercado, por ejemplo, los agricultores de pequeña escala que han sido proveedores del Programa de Alimentación Escolar, debido al COVID-19 perdieron temporalmente esa ventana de mercado. Ante la falta de ingresos económicos las familias están optando por vender sus animales de patio, herramientas de labranza y otros activos con que cuentan, lo cual les permite obtener temporalmente fondos para la compra de alimentos.
Debido al Coronavirus las personas que emigraron se vieron afectadas, retornaron antes de lo planificado a sus lugares de origen, dejando de percibir los ingresos esperados. En promedio perciben 1,500.00 quetzales mensualmente durante seis meses, debido a la pandemia dejaron de percibir el 35% de lo habitual. La mayoría de las personas emigrantes realizaron préstamos de dinero con vecinos o cajas de rurales para poder emprender el viaje y dejar un poco de reservas de alimentos a la familia mientras regresan, actualmente les preocupa el haber regresado con poco dinero, el cual no les alcanza para cancelar los préstamos e iniciar las actividades del ciclo agrícola que se avecina.
Actualmente hombres y mujeres no cuentan oportunidad de trabajo, realizan labores en sus parcelas y huertos familiares, la mayoría han iniciado con la preparación de tierras para las siembras de maíz y frijol que llevarán a cabo a partir de mayo.
Es clave que los gobiernos declaren la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional, con apoyo de todos los órganos del Estado y de la población para evitar una según da crisis.
