Alfonso Mata
La ambivalencia de la precaución derivada de la lucha entre lo político y privado y lo social y grupal, nos impulsa a interrogarnos más sobre los temas, tanto políticos como científicos, que rodean su justificación y su realidad como principio rector en el desarrollo de políticas de salud y los riesgos para la salud pública.
Los privilegios, una barrera
Para analizar esto se debe partir que Guatemala en temas de salud pública, de prevención en el ámbito de la salud pública, está dominada por prácticas colusorias de todo tipo (todos aquellos pactos que se generan entre las empresas para alcanzar determinados fines corporativos o comerciales, los cuales no necesariamente son legales ni mucho menos solidarios con el Estado). Por ejemplo compra de medicamentos y recursos a mayores precios, incumplimiento de leyes ambientales, corrupción en la circulación y movilización en estos momentos, incumplimiento de las instrucciones de seguridad por parte de muchos sectores de la producción ante la situación actual de la pandemia. Entonces es evidente el choque de: incumplimiento de la precaución.
El aspecto de precaución reúne dos elementos: el concepto de riesgo asociado a las políticas públicas tendientes a la eliminación o reducción de riesgos y el concepto de seguridad en salud, como finalidad e impulsora de la decisión de los poderes públicos, convocados para actuar ante las demandas sociales y científicas de responsabilidad política. De hecho y lo ha puesto al desnudo la pandemia, a pesar de que esta ha traído un aumento de los riesgos de los grupos más vulnerables, menos seguridad pública ha tenido la población; un actuar deficiente del sistema de salud y lo verifican las pandemias que se adhieren a la actual pandemia como lo son la desnutrición las enfermedades infecciosas, la salud mental y lo autentican los constantes ataques de una opinión pública vigilante y crítica que a lo largo de generaciones solo es testigo de intervenciones cosméticas o reales sobre desarrollo técnico y económico del sistema de salud.
La falta de democracia
De nuevo nos topamos acá con un gran problema de la democracia: La soberanía y dentro de esta algo incluyente que nunca huele ni hiede el pueblo en su decisión: lo económico. ¿Es suficiente para permitirnos orientar adecuadamente el sistema de salud de una manera consistente con nuestras aspiraciones, la economía de su gasto? Seguramente que no, pero ¿de quién depende volverlo? Depende de dos elementos: No más fugas de impuestos y una economía soberana, que significa la recuperación total y la propiedad absoluta de los impuestos que pagamos, con el poder de asignar esta masa de recursos fiscales a los gastos que se considerarán necesarios y acá entra el juego el legislativo que debe enfocarse exclusivamente a ver en el gasto, únicamente a nosotros y solo nosotros, como prioridades. Esos nosotros es de abajo hacia arriba que debe vérsele.
Pero hay algo más en esto de la soberanía fiscal: implica además que el electorado puede determinar no solo esta asignación de los ingresos de sus impuestos, sino también el monto total de la carga tributaria que está dispuesto a asumir. Hasta ahora, el ciudadano-contribuyente no ha conocido Libertad ni responsabilidad fiscal. Esta es la situación real del contenido económico y fiscal actual. La opinión pública ni el Estado han entendido consideraciones de soberanía fiscal ni las han tomado en cuenta.
El reparto como botín
El sistema fiscal económico que maneja el Estado y que hemos conocido hasta ahora, implica un enfoque diferente. El reparto de los poderes de gasto y de decisión, así como la independencia de cada uno de los dos niveles de gobierno en cuanto al monto total de asignaciones y de los préstamos, son discutidos y aprobados en aras no de visiones con objetivos claros que no consideran las condiciones y opciones reales en base a una epidemiología nacional, sino a una comercialización de la salud, sin que haya una emisión de un juicio coherente en cuanto a inversión alcances de esta -gasto, endeudamiento, nivel de impuestos- verdaderamente capaz de incidir sobre las responsabilidades y problemas reales, para aumentar la eficiencia del sistema de salud y sus logros. En las actuales condiciones, terminamos con políticas económicas confusas y en ocasiones aberrantes y lo peor, en gastos aberrantes, deshonestos y malas prácticas e inversiones.
Y algo peor, la competencia entre niveles de poder no se hace por buscar lo mejor, sino por buscar poder y dinero. Por ejemplo, es común ver que tres niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal) incapaces de ponerse de acuerdo sobre las prioridades de gasto. No son capaces de buscar un acuerdo; cada uno jala su carreta con sus bueyes y llevándose lo que puede, mientras el acceso a una calidad de servicio para la población permanece estática y sin solucionar los problemas de salud.
La soberanía
Imaginar que el votante o el contribuyente pueden restaurar el orden en tal situación es ilusorio. La estructura actual del Estado, no permite utilizar una elección local, departamental o nacional para influir en la elección de todo el sector público ni siquiera sobre sus determinaciones, ni puede utilizar un sufragio universal para los mismos fines. La única forma de otorgar al votante un control efectivo sobre un sector público en constante crecimiento y descomposición, es que todos los gastos, ingresos y préstamos sean objeto y sujeto a logros claros y previamente determinados y que a través de votación popular (plebiscitos) sean aprobadas sus grandes líneas de trabajo. Solo así podríamos afirmar que el contenido esencial y real de la independencia política, está compuesto por la autonomía presupuestaria y un riguroso derecho de escrutinio del votante y contribuyente sobre la forma en que el producto se utiliza el impuesto.
La meta el desarrollo
En el campo económico como en los demás, el progreso requiere una política ejecutable: Un gobierno completo, dotado de toda la gama de poderes e instrumentos necesarios para el desarrollo de una sociedad moderna y humana. Alguien dijo hace varias décadas hablando del siglo XX “Si nuestro siglo es el siglo del desarrollo, es aún más el de la conciencia del desarrollo” Esto no se ha cumplido a cabalidad. El Estado no ha cumplido en la época democrática con convertirse en el gran motor de las economías contemporánea. Sus inmensas responsabilidades, el poder de las palancas a su disposición, los impuestos que recauda y sobre todo su derecho a legislar, lo convierten en el facilitador esencial y el coordinador supremo del desarrollo económico y de su inversión en lo social. El Estado por el contrario se ha convertido en el usurpador y cleptómano de bienes que no le corresponde. Equipado con todos los instrumentos de poder, no ha asumido el papel particular de expandir el tamaño de nuestra economía y menos de un desarrollo social. De tal manera que nadie se siente agradecido hacia él, porque un pueblo no puede sentirse como en casa si vive en la miseria, no participa en la gestión de sus asuntos, pero sobre todo corre el riesgo de no poder seguir siendo él mismo.
Cuál es entonces el Estado de cosas:
Veamos para donde veamos, políticos, funcionarios, empresas incluso mucha de la ciudadanía, buscan sistemáticamente eludir controles que, por la fuerza de las circunstancias, son cada vez más numerosos y cada vez más engorrosos. En estas condiciones, la garantía de la eficacia de nuestro modo de vida, todos la vemos dependiente de la cantidad de palancas e instrumentos para acelerar nuestra permanencia o mejoramiento independiente de la norma. Esta fórmula incluye pasar sobre normas y valores. Así no se puede crear nación y bienestar.
