Por Alfonso Mata
El tratamiento de este tema es no solo complicado sino controversial y el centro del argumento descansa en la inequidad social, que ha abierto una brecha de calidad en salud, entre grupos sociales que ocupan un mismo espacio y tiempo, generando como en otros aspectos de la vida, una diferencia entre el acceso a la medicina y la salud y con ello, abriendo también brecha en el cumplimiento de derechos y poniendo en riesgo, la calidad de vida de una proporción grande de la población, en contra de lo que dice la Constitución.
Hablar sobre el sistema de salud guatemalteco, significa varias cosas: mala organización, funcionamiento e inversión, pensar en los recortes del gobierno, colas y listas de espera, falta de acceso, gastos de bolsillo para exámenes y medicamentos y la magnitud de todo eso, no es el mismo en todas partes y en todos los grupos humanos, pero en nuestro medio y ante nuestros ojos, el sistema en su conjunto hace aguas en ello. Nuevos recortes están listos, desórdenes y abusos administrativos encarecen los servicios y no satisfacen la demanda desde hace décadas. El gasto real de salud no crece y al contrario sufre colapso. Y a todo eso se agrega incapacidad para los profesionales de ejecutar bien su trabajo por carencias y falencias de materiales y quipos adecuados y tecnologías apropiadas.
Todo ese desorden administrativo, técnico y financiero, desemboca más allá de cifras, acusaciones y latrocinios, en aumentos de morbilidad y mortalidad por diversas causas, incapacidades laborales y económicas muchas de ellas posibles de evitar y en aumento de pobreza en los más pobres y en las clases medias lo que significa mayores riesgos a su salud.
Música completamente diferente se escucha en el subsistema de salud privado. Los seguros, las inversiones, la gestión hospitalaria y de clínicas se dice es virtuosa, y cada día se suman los presupuestos de los ciudadanos en esa aventura. Pero cuidado, de hecho, «privado» es una palabra ambigua. Las estructuras de prestaciones a la salud, en las que se paga la totalidad representan menos del 10 por ciento del total.
Un amigo, propietario de un sanatorio me decía recientemente “La inversión privada hace que todo encaje, atrae pacientes, médicos y personal, mostrándonos una cara de la asistencia sanitaria, en la que la eficiencia y la calidad van de la mano” y con una sonrisa un poco irónica me añadía: “La ganancia es muy alta vos”. Lo que más me impresionó de su apreciación fue que me aseguró que: “Básicamente en los hospitales privados, se tratan a pacientes con casi la mitad de los recursos de un hospital público y los costos de la práctica son mucho más bajos”. Por otro lado si analizamos por nivel de complejidad de la enfermedad, vemos que existe una opinión muy generalizada de que lo que atienden y tratan ambos sistemas, los hospitales y clínicas públicas se rezagan en los resultados y en su capacidad de solución y nos topamos con la creencia de que más alta calidad y mejor soluciones son ofrecidas en el sistema privado, opinión tanto del público y del paciente, como del médico. Pero aún hay más, en el sistema privado ante eventos similares, los días de hospitalización son menos, la atención del personal y los cuidados son mejores. Lo más increíble de eso es que no existe investigación alguna, que sustente la validez ni la magnitud de tales afirmaciones. Todo eso, no solo para los pelos, sino que hace pensar sobre qué carajos (además de la corrupción) pasa en el sistema público.
Y entonces empieza el cielo a despejarse: por qué no una búsqueda en “optimizar” el gasto de salud que se acompañe de un «efecto precio techo» en gastos, totalmente regulados. Por qué no pensar en técnicas y procedimientos debidamente protocolarizados y para nuestro asombro, mucho de ello ya existe. Los supuestos, los impedimentos en contra de un cumplimiento y una reforma de ese tipo no se hacen esperar: “los costos son producto del legado de clientelismo político, y el personal es el grueso del gasto a lo que se suman los costos altísimos a que se compran materiales e insumos » –aseguran muchos técnicos y administradores del sector. “Si una unidad de salud privada gasta indebidamente, el costo se les eleva y su precio se vuelve no competitivo. En el sistema público, cuanto mayor sea lo público que se trata, más se gasta dinero en efectivo” –afirman muchos que trabajan en ambos sistemas. La razón “Las grandes corporaciones y las entidades financieras dedicadas a la salud como negocio, no ven ni trabajan por el derecho, lo hacen por el dinero y en muchos casos, sálvese quien pueda. Entonces, ante ese razonamiento viene de nuevo la pregunta ¿por qué no hay estudios comparativos entre inversión, calidad y resultados? sino aseveraciones y juicios ¿efecto de publicidad?
«Cuando un paciente viene a nosotros, ve la calidad de la atención y el profesionalismo” –afirma el director de un hospital privado. En lo público, no se ven las instalaciones, no se incluye en la selección, solo se va en pos de la asistencia esperando un favor, incluso por el que la da. De igual manera, las tecnologías médicas están en los niveles más bajos, debido a que nunca el sistema ha visto las inversiones como ahorro: exámenes más rápidos y estancias hospitalarias más cortas y precisas, no son metas gerenciales en el sistema público» –se vuelve afirmar por los privados. Y de nuevo, afirmaciones especulativas está ganando la partida en la formación de tales creencias.
El sector privado de salud utiliza otro as bajo la manga. Un papel trivial, que libera al personal de salud y las operaciones de ir de compras. La mayoría del personal médico de clínicas y hospitales acreditados, se concentran en su labor médico-asistencial y lo administrativo queda en unas pocas manos y cuando se trata de «tirar» precios, entre más compran, más economizan: medicamentos, suministros médicos, instrumentos quirúrgicos, de lavandería, las partidas de gastos, por lo tanto, se convierten en oportunidades de ahorro que se vuelven infinitas para ellos a costa de lo que sea. “En cambio en el sector público, cada vez es más difícil invertir bien, debido a los trasgresiones que se realizan, los menores márgenes con que se opera y a los recortes lineales ante una demanda que crece y un paciente que es mucho más complicado y con patologías más severas” –afirma un administrador. Los profesionales de la salud son muchas veces unánimes “no nos hagamos tarugos, en nuestro medio, la enfermedad en mucha de la población, puede ser causa no sólo de dolor, sino también de bancarrota en cualquier familia, muchos no completan los tratamientos o no los hacen por motivos económicos e ignorancia agravando el caso” y luego advierten ante un hecho que consideran un crimen “Monstruoso del sistema público, es que se invierte en donde hay ganancia para algunos cayendo en delito, y la salud pasa a ser beneficio secundario, así no se puede y no se vale”.
Entonces ¿La privatización de la salud? «No es solución – responden salubristas. “Somos complementarios con las posibilidades del público. Una herencia de la que todos estamos orgullosos” –afirma mucho público y funcionarios. ¿Es eso cierto? Por supuesto, visto como “asistencial”, el sistema público al que todos contribuimos tiene algo que lo limita: la caridad es algo que no es eterno y nunca alcanza. Sin resolver el problema a un nivel superior, a nivel de gerencia del sistema, estamos asistiendo a la muerte de los servicios de salud pública.
Un inversionista privado es tajante: “Tenemos que partir de una realidad, nuestro país no es capaz de organizar el sistema de salud. El sistema de salud ha fracasado completamente. La Constitución establece el derecho a la salud a personas que lo necesitan, pero esa es una utopía que no puede aplicarse dentro de un sistema corrupto. El sistema de seguridad social, no funciona en todas partes tampoco, pero ofrece mejores soluciones. A eso se contrapone la sociedad civil “Sí el Estado se ha comprometido a brindar atención, entonces se requiere que asuma responsabilidad”. Pero el resultado ha sido un gobierno ineficiente, que gasta nuestro dinero de los impuestos, para perseguir fines no del todo claros en este tema. La sociedad “debe exigir”.
Hay una tercera posición, muy escasa en seguidores, pero que ahí está y es de considerarla y que se resume en lo siguiente: “No es tanto una cuestión del sistema de salud, cuanto de la mentalidad de la gente. La sociedad debe entender que su salud y la salud de sus hijos están en sus manos”. Una persona que se benefició de sus servicios me contaba que en Estados Unidos hay un hospital que data de 1962, que aumentó la tasa de curación de un tipo de cáncer de un 4% al 94%. Este hospital está totalmente financiado por los ciudadanos americanos, no tiene ninguna relación con el Estado, no recibe ninguna subvención, es el St. Jude. En Guatemala, la gente aún no entiende. El problema surge sólo cuando alguien se enferma y no nos organizamos para luchar por lo que creemos.
Que es lo que nos muestra este rápido vuelo sobre lo que sucede en Guatemala en su sistema de salud. Varias cosas que deberíamos resolver a corto tiempo. El gobierno es ineficaz aun para saber ¿Cuántos niños, jóvenes, adultos ancianos están en necesidad de ayuda? Cada año miles de niños jóvenes y adultos así como ancianos mueren y se enfermen pudiéndose haber evitado ello. Y se ven obligados a incurrir en grandes gastos y a perder patrimonios ¿qué magnitud tiene eso? ¿Qué soluciona el sistema privado que el público no hace? ¿Podrían funcionar complementándose?
Para empezar es indispensable una especie de “pacto de Estado” de sus instituciones y de la sociedad civil, para salvar el sistema, ya que en los términos actuales es “insostenible” y eso es una necesidad inmediata y a largo plazo no cuestión de gobierno.
«Aunque una persona pueda acceder al sistema, si tienen que esperar meses y si a eso añade incumplimiento de tratamientos por diversas causas, el pronóstico cambia de manera dramática» –es una opinión generalizada entre los profesionales de la salud. Para solucionar esta clase de problemas, que cada vez se volvieron más frecuentes dentro del sistema, no sólo se debe concentrar la acción en la prevención sino coordinar con todos los sistemas que tienen que ver con vulnerabilidades: educación, trabajo, protección del medio ambiente.
El otro elemento son las consecuencias producto de una sociedad mal integrada y a la deriva que se refleja en que con los años, se han multiplicado los problemas de salud mental derivados de pobreza, hacinamiento, violencia contaminación y eso si solo se acompaña de iniciativas clínicas y no sociales y económicas es “gastar pólvora en zanates” –como afirma un profesor.
De tal manera que estos aspectos no son ni van a ser tratados por un sistema privado y deben ser considerados por políticas y acciones de Estado, son cosas de Estado y de derecho y no de negocio.
Considerar la salud como un derecho humano significa entender que la atención a la salud y la enfermedad es necesaria para vivir una vida digna. El punto crucial en este principio es que ese es un derecho para todas las personas independiente de su nivel de acceso económico y de pago y para lograr eso son indispensables que los sistemas se coordinen y que el público aporte no solo en lo económico sino también en lo participativo ya que el principio no es que no cada individuo, cada familia cada grupo debe resolver en función de sus medios.
Finalmente tenemos que un modelo sanitario para el país, necesita de datos concretos y precisos de su análisis conjunto a fin de evitar su debilitamiento, fragmentación y falta de calidad actual bajo un principio de solidaridad, pero no parece que eso pueda ser razonablemente construido sin consolidar un espacio de democracia, justicia social y desarrollo económico y productivo todo eso bajo un concepto de inclusión.
Las grandes corporaciones y las entidades financieras dedicadas a la salud como negocio, no ven ni trabajan por el derecho, lo hacen por el dinero y en muchos casos, sálvese quien pueda.
