La guerra contra las drogas se prolonga por más de 60 años, con muertes y gastos por miles de millones de dólares, inútiles. Los triunfos han sido paupérrimos, y se persevera en lo mismo, a pesar de que hace más de dos décadas, políticos y expertos han expresado con insistencia que, una guerra contra las drogas, no está ni cerca ni factible de ser ganada; y algo muy paradójico de esa guerra, se sigue entregando grandes cantidades de dinero a los llamados narcotraficantes, que reúne a toda una gama de personajes, que con ello logran neutralizar política y socialmente cualquier acción de sus contrincantes; caso de Colombia y Guatemala, son ejemplos.
Durante los años sesenta, para terminar con el conflicto de Vietnam, alguien propuso al presidente de aquel entonces «declarar victoria y salir«. Johnson no lo tomó y eso aumentó la duración y la profundidad de la tragedia para todos los involucrados. Cincuenta años más tarde alguien le planteó al presidente Obama una solución al problema de las drogas: dejar de llamarla guerra. El plan del presidente Barack Obama para combatir el abuso y el tráfico de drogas, proponía cambiar el énfasis de una guerra contra las drogas, a tratar el problema como un problema de salud nacional y en esa ocasión, el asesor principal de políticas de drogas de la administración, Gil Kerlikowske, dijo: “Es una enfermedad, es diagnosticable y ciertamente es algo que puede ser tratado, pero no es una guerra”. El plan perseguía reducir el consumo de drogas entre los jóvenes estadounidenses en un 15% durante cinco años, y hacer reducciones similares en el consumo crónico de drogas, muertes por consumo de drogas y conducción bajo los efectos de sustancias ilícitas.
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En la forma actual en que se combate las drogas no está exento de otros problemas. Al criminalizar el uso de opiáceos y otras sustancias, por ejemplo, también se niega su uso racional a las personas con dolor crónico. Sin mencionar la criminalización de comportamientos como el uso de marihuana, que ciertamente no es peor que el alcohol y a este se le deja indemne y fuera de todo control. Para muchos de los que apoyaban el plan Obama, si se pudiera despenalizar estas cosas, eso también socavaría el crimen organizado, una parte importante del «problema de las drogas» y su injerencia en las altas esferas políticas de muchos gobiernos, lo que implica mengua de la corrupción también y de inequidades aun dentro de la sociedad civil, producto de daños colaterales que ocasionan los narcotraficantes a civiles inocentes.
Las adicciones de todo tipo incluyendo fumar, beber alcohol y todo tipo de drogadicción incluso de fármacos, son problemas de salud y no son inofensivas. Si uso indiscriminado no tiene beneficios médicos como el alivio del dolor y el control de síntomas de enfermedad o estados de ánimo y es claro que está dirigido más a la recreación o cómo un mecanismo equivocado de afrontamiento para otros problemas de conducta y comportamiento que pueden ser controlados por otro tipo de terapias. Es eso lo que puede hacer la drogadicción de graves consecuencias sociales además de las individuales. Es por ello que se puede denominar a la adicción un problema de salud pública y debe ser abordado de esa manera. Y eso supone un gran plan de servicios clínicos y sanitarios, con esfuerzos de prevención como programas de educación, recreación. En estos aspectos como han dicho muchos “Si se comienza temprano, eso ha demostrado ser efectivo”. Todo ello también supone un nuevo énfasis en la capacitación de médicos de atención primaria para identificar y ayudar a tratar la adicción antes de que se vuelva crónica y eso significa un nuevo enfoque corporal-psicológico en el manejo de pacientes y población. Los médicos de atención primaria de otros países, debidamente entrenados, han externado con mucha propiedad que: “Si se puede realizar una intervención temprana con alguien que toma drogas, se ahorra dinero: el tratamiento cuesta aproximadamente la mitad del costo del encarcelamiento. Y a su vez, si se previene el deterioro de conducta y comportamientos que demandan de adicciones en etapas tempranas el costo se reduce a menos de la mitad del que necesita el tratamiento”.
Además, todos los estudios realizados alrededor del mundo, han demostrado, en síntesis, que ha sido ineficiente: “arrestar para salir del problema”. Cada día son más los políticos, sociólogos, psicólogos, educadores, que aseguran que hay que deshacer el pie de «guerra» que nos han engañado para que aceptemos. Los médicos se quejan, que la despenalización de la marihuana no avanza lo suficientemente rápido, pudiendo ser útil en la terapia medicamentosa y aseguran que también debe haber un enfoque racional para el uso apropiado de medicamentos para el dolor crónico.
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Un cambio de enfoque no deja de plantear un problema que debería de involucrar a toda la sociedad como juez y parte: todo queda en palabrería si no se toca el tema financiero y fiscal para ello: deberá de existir un impuesto claramente fijado para ello y suficientemente avalado y facilitado por una Política pública, basada en evidencia y fuertemente gestionada. Debemos estar claros que fortalecer fronteras, mantener alejados a los narcotraficantes, no es funcional, al contrario, les ha dado poder y permitido incrustarse dentro de la política y las finanzas nacionales con gran daño en ello. Es como querer curar las infecciones con antibióticos, en lugar de evitarlas con medidas sanitarias; siempre habrá pacientes infectados, si no se implementan medidas preventivas sanitarias.
Un argumento muy usado, que debería de ser fuertemente probado, es el que señala que dos de las mejores formas de reducir el tráfico de drogas son la legalización y la prevención del abuso de drogas. El primero pone a los traficantes en competencia con las fuentes legales y debe ser potencializado con el control del contrabando. El segundo intenta reducir la oportunidad de mercado. Reduzca la oportunidad de mercado y cambiará la relación riesgo/recompensa para los traficantes. Eso necesita en países que funcionan más como proveedores que consumidores, como el nuestro; de un gobierno más justo y honesto y un apoyo de los países más consumidores como son los que tienen más recursos económicos. Es injustificado que no existe dentro de la OMS, un programa de combate a la drogadicción global de la magnitud e inversión de las vacunas, por ejemplo. Muchas de las naciones en donde el narcotráfico ha asentado sus reales, como la nuestra, lo ha logrado con suma facilidad debido a que somos, mejor dicho, seguimos siendo, en general, una nación ignorante, temerosa, llena de inequidades e injusticas y corruptelas, que favorece precisamente lo contrario. Otro obstáculo a vencer es que en campañas sanitarias la historia nos sugiere, que realmente no hay mucho apoyo entre el público en general para ello. Ante el problema de la drogadicción, les apremian otras necesidades, sin que puedan ver el impacto que la drogadicción tiene en sus vidas y su salud, en dinero, morbilidad y mortalidad.
El problema de salud de las drogas vincula al igual que la COVID-19 a todas las naciones, su solución también. Y al igual que la COVID-19, cualquiera que busque razones que inciten a las personas con problemas a buscar y consumir medicamentos alternativos que conduzcan a la adicción no necesita principiar a buscar más allá de los hogares, en donde se encontraran con un alarde de ignorancia sobre las drogas y la prevención de daños a la par de una agresión y violencia intrafamiliar. Tema no resuelto ni por sociedad ni por gobiernos.
