Alfonso Mata
Gran pregunta en este tema es ¿puede la violencia política alterar la salud de individuos y poblaciones? El primer problema que se tiene al responderla empieza con la definición. OMS habla de que la violencia política es el uso deliberado del poder y la fuerza para lograr objetivos políticos. La definición así, no se puede usar para un buen análisis, si no se especifica mejor «uso deliberado y objetivos políticos». En mi comprensión de ello, uso deliberado del poder es cuando ese ejercicio viola todo lo mandatario de leyes y Constitución; cuando se desvirtúa y sacrifica el bien público en aras de privilegios y satisfacción de grupos, de forma injusta e inequitativa, afectando los derechos de los más necesitados y de amplias mayorías. Esto está acorde con la inclusión que la OMS hace a la definición de violencia política que incluye «la privación, la negación deliberada de las necesidades básicas y los derechos humanos y eso bien incluye desde obstrucción relacionada con la libertad de expresión de esos grupos necesitados hasta limitaciones de acceso de la salud, a alimentos, educación, saneamiento y atención médica». En otras palabras y probablemente el eje central del efecto negativo de la violencia política esté en: «la negación a falta de posibilidad para la realización del pleno potencial biopsicosocial humano, producto de arreglos desiguales de poder social, económico y político».
El daño a la salud
Bajo condición de violencia política, dos detonantes afectan a la población (más a la que no logra beneficiarse de los derechos humanos) y esos son Incertidumbre y precariedad, que a su vez alteran: socialización y comportamientos. Situaciones que alteran la salud física y mental. Además, la violencia política, limita la oferta al acceso a tratamientos médicos y salubristas de muchos y causa el deterioro de la salud a través de que provoca inseguridad alimentaria, sanitaria y ambiental e imposibilita el acceso a servicios. Toda enfermedad física, afecta la parte psíquica de la persona también y más cuando esta se convierte en un trauma permanente como lo son las enfermedades crónicas o de larga duración como las carencias nutricionales y los traumatismos y accidentes.
La ineficiencia del Sistema Nacional de Salud (SNS)
Desde la década de los noventa, reestructuración económica y reformas políticas incluyeron un vasto programa de privatización de empresas públicas y medidas de austeridad, que fueron secundadas de un aumento de corrupción estatal, provocando situaciones de inequidad e injusticia, que han violentado aún más el acceso a los derechos humanos universales y favorecido pauperización en la población. Y bajo esas condiciones aún imperantes, el acceso a la salud no es un derecho protegido por el Estado. Tampoco lo es ni lo ha sido el acceso de todos los trabajadores a la seguridad social. Finalmente, el gato escondido que favorece un tanto la corrupción es que Guatemala decidió someterse a las reformas neoliberales, a través de las medidas económicas del llamado Consenso de Washington y así pudo acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Fue este último, junto con el Banco Interamericano para el Desarrollo, las entidades que se perfilaron como actores principales que orientaron las políticas de salud nacional y su esfuerzo aunque logró mejoras en la situación, estas quedaron cortas ante la problemática y lograron que sin tener padecimiento y problema de salud alguno a la vista, las futuras generaciones asuman el pago a los préstamos actuales sin que los riesgos a la salud se haya resuelto. Los préstamos otorgados estuvieron orientados de manera casi exclusiva a reducir los índices asociados con la pobreza —como desnutrición y salud materno-infantil—, junto con la generación de incentivos para una mayor participación del sector privado y una gestión pública más eficiente. Como muestran las estadísticas, las intervenciones sobre la mortalidad de niños menores de cinco y cuidados materno-infantiles, permitieron que desde mediados de los años noventa, los indicadores de salud del país mejoraran notablemente en proporción; pero en valores absolutos, sigue teniéndose una situación alarmante en estado nutricional y salud materno infantil.
El SNS, es una entidad que funciona con unidades de doble criterio y fines. Unas unidades son los centros asistenciales locales que son un gallo gallina de servicios médicos y preventivos materno infantiles especialmente. El otro grupos de unidades las constituyen los hospitales, principales consumidores del presupuesto en salud nacional (los préstamos internaciones se concentran en su mayor parte en el primer grupo de unidades). Entonces, al no sufrir mayores cambios el presupuesto nacional, el modelo hospitalario estatal clásico (donde se centra la corrupción en mayor escala enfocada a sobrevalorar precios en materiales médico quirúrgicos y costos de infraestructura) obliga ante su escasez, a los pacientes y sus familias, a realizar gastos de su bolsillo. Esa forma de ejecutar servicios hospitalarios, hace que muchas familias no puedan acceder a los servicios de salud y de esa forma, los hospitales se transformaron en entidades semiprivadas funcionando a medio vapor y con resultados otro tanto igual. En esta modalidad de servicios y ante la crisis económica nacional, debería de comprobarse si es un hecho el aumento de presencia en dichos recintos, de clases urbanas marginales y económicamente medias bajas, que en parte financiadas por las remesas, pueden acceder a esta modalidad de servicio, con una disminución de usuarios en el mismo lapso de aquellos con menos recursos y faltos de apoyo de remesas. Estas transformaciones no deseables en la estructuración y funcionamiento del SNS, afectan la epidemiología, morbilidad y el comportamiento del proceso de salud enfermedad de la población al igual que la ejecución de programas del SNS, que apunta a su deterioro en calidad y volumen.
Finalmente se vuelve un factor de riesgo alto descuidado por lo público, las diferentes formas de violencia social (a la fecha en aumento al igual que la política) que llenan de inequidades e injusticas los contextos sociales y políticos de la vida de las personas, que de esa manera no tienen de parte del estado control debido, contra los efectos de todo tipo de violencia en la salud.
Resumen
Es inconcebible que ante la presencia clara y evidente de todo tipo de violencia a nivel nacional, ni el sector público, ni la sociedad, a pesar de la importancia que se sabe tienen los entornos sociales y políticos de las personas para su salud, hayan favorecido un conocimiento y divulgación adecuado sobre cómo la violencia política compromete los sistemas sociales y políticos necesarios e inhibe a las personas de participar en la vida social y política para la solución de sus problemas de salud.
Somos una sociedad en que sus generaciones constantemente ha vivido sumida en violencia política. Hemos sufrido en carne propia los resultados de esa violencia política en tres aspectos interrelacionados de nuestra vida diaria: el funcionamiento individual en relación con el entorno; el funcionamiento comunitario y el tejido social. Los dos en su forma actual como se dan, provocadores de factores de riesgo y causales de enfermedades. Finalmente el tercer factor: funcionamiento gubernamental y prestación de servicios a las poblaciones, carece de organización y funcionamiento adecuado para encarar no solo los tipos de violencia existentes, sino la atención adecuada de lo que esa violencia desencadena en la salud. No existen políticas implementadas que contribuyen al desarrollo de programas de prevención que abordan con claridad la violencia política. y funcionamiento gubernamental y prestación de servicios a las poblaciones.
