Alfonso Mata
Pareciera que en nuestro medio, lo que substancialmente genera un crecimiento cada vez mayor de conflictos, es la carencia y cumplimiento de políticas adecuadas socio-ambientales, que significa no solo la adquisición y uso de recursos, sino también su distribución con equidad. Una situación ideal de salud-enfermedad, demanda para su entendimiento de:
- Una selección de problemas, fenómenos, que afectan la salud y el bienestar de grupos de población seleccionados.
- Una enumeración de hechos, que en su contenido y forma son asumidos como relevantes (suficientes y necesarios) para describir los problemas seleccionados.
- Una explicación, es decir la identificación y percepción del complejo de relaciones entre los múltiples procesos, en diferentes planos y espacios, que producen los problemas.
- Una normativa al respecto y su traducción a acciones
De esa cuenta, la atención a la «situación de salud» de un determinado grupo de población se vuelve en un conjunto de «problemas» de salud a solucionar y eso demanda de ciencia y de poder.
El SNS cuenta como herramienta para atender lo anterior, con la epidemiología, que tiene como objeto, el estudio de los problemas de salud-enfermedad a nivel colectivo, agrupando para ello poblaciones entre otras cosas por edad, sexo, ocupación, lugar de residencia, hábitos, costumbres y comportamientos.
Se debe entender que la problemática de salud de lo colectivo, grupal, social, nacional, no nace, ni crece únicamente de la mera sumatoria de situaciones individuales, ya que al mismo tiempo tiene su expresión a nivel de grupos y a nivel de individuos. Entonces los conflictos socio-ambientales generados por la minería, constituye tema de la epidemiología. Estos conflictos pueden ser de varios tipos y afectan a diversas comunidades y la epidemiología nos permite encontrar conflictos y situaciones que afectan la salud, explicar lo que los produce y acá hay un principio que debe ser entendido sin prejuicio alguno: la descripción y explicación de la situación de salud nacional, es independiente de quién y desde cual posición se quiera describir y explicar dicha situación.
Pero esa realidad que se le puede sacar a los estudios epidemiológicos, en sociedades tan disimiles en lo social y en lo económico como la nuestra, tiene distinto peso, el cual está en función del actor que se sea dentro de ella. Veamos más claramente esto. Para las mineras o mejor dicho para sus propietarios, que viven fuera de nuestro ambiente y que nuestro ambiente y nuestra sociedad les viene guango, el daño ambiental, social y a la salud de las poblaciones que viven y trabajan en el lugar de la extracción, no le son de mayor importancia e interés en su pensar y actuar. Esto constituye un aspecto central para comprender el pobre accionar del SNS en aspectos de la minería. Si al gobierno al igual que a los propietarios de la compañía minera, lo que les interesa es beneficios personales, los señalamientos epidemiológicos de daño o de riesgo no pesa ni cuenta en las decisiones que hagan, más que de manera marginal. Los estudios pierden importancia en la decisión, ante el que ejerce el poder.
De esa cuenta, aunque sea inconcebible, es explicable que no se realice de parte del Estado de Guatemala y de sus instituciones públicas y privadas, un estudio serio, integral, completo, ambiental-epidemiológico, no solo para la apertura de una mina sino durante su labor, a fin de establecer si no existe daño a la salud y el bienestar de la población y deterioro ambiental y de salud durante la fase de operaciones. Solo entonces, las comunidades conociendo esos informes, habiéndoseles explicado y concientizado de la situación, deben votar a favor o en contra de la implementación de la compañía minera.
Si bien, la forma como se perciben los fenómenos adversos en salud y ambiente, genera una potencia movilizadora de explicaciones por las fuerzas sociales; son las fuerzas sociales, los actores, quienes desarrollan y promueven intervenciones correctivas-preventivas en función de la eficacia social de las mismas con relación a sus propósitos, y beneficios esperados sean estos sociales, técnico-científicos o simplemente obtener dividendos. La confrontación que se da entre conceptos, teorías, métodos y técnicas, con deseos, hábitos costumbres, es uno de los ámbitos de conflictos y consensos entre actores sociales en el tema del manejo de la minería. De tal manera que siguiendo con nuestro ejemplo, una visión de problemas y conflictos que acarrea la extracción de minerales la tienen los propietarios de la minera, otro los propietarios de las tierras, otros los convivientes dentro y alrededor de esas tierras, otros sus líderes y otros la ciudadanía.
¿Cuál debería ser la brújula al respecto de comprensión de conflictos y daños alrededor de la extracción minera? Indudablemente el bienestar general y nacional y la protección del ambiente. Pero en la realidad eso no está sucediendo en nuestra nación. Hay otro elemento perturbador de la y en la decisión a considerar. El predominio de una forma de decidir y actuar, no es sólo función de mayor capacidad explicativa en abstracto que sale de informes ambientales y epidemiológicos, sino más depende (decisión-actuación) de la concentración de poder (funcionarios públicos, líderes locales) y del interés que tengan detrás de ese montaje. Sin embargo, dado el carácter heterogéneo de nuestras sociedades, sobre todo en circunstancias de poder compartido (los que deciden al final, lastimosamente no representan necesariamente ni pobladores, ni trabajadores), la HEGEMONIA de dichas decisiones depende no de un bienestar general sino individual e incluso institucional y de liderazgo. Entonces los resultados de los estudios ambientales y epidemiológicos, su utilidad para los tomadores de decisiones, está en función de su potencialidad de dar respuesta a las necesidades que manifiestan ellos; en nuestro caso: diputados, la presidencia y sus instituciones y los líderes locales, que pueden anteponer o mezclar el bienestar ambiental y humano con sus intereses personales.
Por consiguiente y es lo verdaderamente triste, el cuerpo del pensamiento científico-tecnológico derivado de estudios técnicos y científicos, se ve opacado por un lado por la acumulación de poder y por el otro de indiferencia ciudadana ante el daño. Es decir, para ir concluyendo, a pesar de que el Estado o la sociedad tenga la capacidad de asumir las bondades generadas por el desarrollo científico-técnico, redefinirlo y superarlo a un nivel mayor de eficiencia y eficacia en favor del bienestar general, al no ser democrática esa interpretación y tampoco la representación a los niveles de decisión, el esfuerzo científico- técnico se pierde.
Ocupar espacios, acumular poder, con un pensamiento sobre salud-enfermedad más avanzado, supone por lo tanto no sólo la coherencia y fortaleza teórica de un pensamiento científico-técnico, sino poder para tener la capacidad de dar respuesta a los problemas de salud de todos los grupos sociales. Ciencia y poder en la soluciones de los problemas de las sociedades van de la mano, pero en el caso de la salud la balanza claramente se debe inclinar al lado técnico-científico pues errores de apreciación llevan a aumento de riesgos y daños.
De tal forma que los problemas «descritos» y «explicados» desde la perspectiva de un marco teórico, científico-técnico, son solo una fase de su solución, pues implementar correcciones que demanda la realidad, depende de «algunos» que deciden, qué hacer con un problema, decisión que al ser parcial y llena de otros intereses, puede conducir a situaciones irremediables y altamente costosas en el tratamiento del daño que ocasionan. Tal es el caso de salud-minería en nuestro medio.
