Alfonso Mata
Reconocimiento, protección y tutela de derechos individuales y colectivos, es la obligación del Estado lo cual contempla tanto lo social como lo ambiental, pues ambos procesos en su desarrollo o deterioro van de la mano. Esos Derechos individuales sociales y ambientales, se deben basar en normas jurídicas, tecnocientíficas y en organización y comportamiento culturales. De tal manera que el fortalecimiento de los derechos individuales y sociales, necesita también de tutelar y proteger el medio ambiente, pues es el cruce de esos dos escenarios: el social y el ambiental, el que determina el comportamiento de la salud y el cumplimiento de los derechos humanos.
El tutelar y preservar ambiental, no es una actividad de responsabilidad única del Estado, necesita de fuerte participación social, pues esto da origen a los derechos ambientales y estos son necesarios ya que es claro que ahora las personas ya no corren peligro solo dentro de la sociedad sino dentro del ambiente y el clima, dando lugar a que estos, en algunas oportunidades en que el comportamiento social incide sobre ellos de manera negativa se transformen en factores de riesgo y de esa cuenta, los estados modernos han reconocido y establecido un eslabón claro entre derechos individuales, sociales y ambientales que al romperse, rompen a la ves el ciclo de un proceso de salud beneficioso.
Es bajo ese marco teórico, que se debe considerar y estudiar el aspecto de la minería, como una cuestión y problemática de salud pública, pues en la medida de que no se le preste atención a los riesgos y daños que esta puede ocasionar por un mal manejo técnico y administrativo, no solo al ambiente sino la salud de los individuos y poblaciones de forma directa e indirecta, efecto que puede tener repercusiones sobre la salud actual y también sobre la futura de individuos y grupos de población. De tal suerte que el control y protección completa e integral de la salud de las poblaciones, necesita no solo de elementos jurídicos de protección, sino técnicos y científicos, que consoliden la participación no solamente del Estado sino de la ciudadanía y el dejar de prestar atención a ello, deliberada o no deliberadamente, pone en peligro a toda la sociedad generando un costo alto a esta en beneficio de solo unos pocos.
La minería como conjunto de actividades que buscan extraer materiales minerales sobretodo de la superficie terrestre o subterránea emplea dos procesos: cielo abierto o subterráneo con diferentes procesos, repercusiones y costos. Ese trabajo tiene que ver con tres cosas: extracción y contaminación, contribución al PIB y empleos y deterioro en territorio nacional que en ello supera o al menos iguala otras actividades humanas. La gran duda nacional es que, si ese esfuerzo se empleara en otras tareas (agricultura, forestación, turismo) ¿podría dejar mayor dividendos nacionales y comunitarios? aunque la inversión extranjera en este rubro de la producción nacional sea de las más altas.
Por otro lado, se sabe que los accidentes que ocurren en la minería y que tiene que ver con la salud de los trabajadores, sus familias y vecindarios e incluso poblaciones ubicadas a larga distancia pero relacionadas con la extracción, por los cielos y las aguas, son superiores a las de cualquier otra industria por mucho (excepto nuclear) y con consecuencias mayores en cuanto a personas lesionadas y muchas veces también en cuanto a letalidad. No cabe ninguna duda que cualquier industria puede generar afectación en algún sentido dependiendo de procedimientos y técnicas que se apliquen y de la vigilancia y supervisión que se monte.
Los dos tipos de minería tienen impacto ambiental y humano, pero el impacto esperado negativo de esta industria, depende de su manejo e incluso de la actividad de la minería y su ubicación y alrededores ecológicos. La OIT califica y considera la actividad minera peligrosa y su nivel de impacto en salud puede verse en dos aspectos: a nivel laboral a nivel comunitario. En el primero se habla de enfermedad ocupacional que no solo es de desarrollo y evolución actual y futura, sino que esta puede impactar a la persona y a su familia también.
En Guatemala el caso de impacto comunitario de la minería que se realiza en la mayoría de casos a cielo abierto, su efecto sobre la salud se realiza vía atmósfera, suelos, terrenos y aguas, superficiales y subterráneas, entre otros, y por varias vías: contaminación química, transformaciones ecológicas y desequilibrios en flora, fauna, clima. Pero los procesos de extracción de metales del material terrestre también puede resultar fuente de alteración del ambiente y contaminador de vegetales, aguas y animales, por los químicos y desperdicios que se provocan (método de concentración o de lixiviación) y alteran los sistemas ecológicos cercanos y distantes además de provocar alteraciones en el organismo de los individuos, que propician enfermedades y malestares, tanto actuales como posteriores, según dosis, frecuencia estado del individuo.
Es claro que en nuestro medio, las políticas de apertura económica en minería se consolidaron durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), que asumió una nueva posición respecto a la minería, al haber promovido la exploración minera en el país y reformado la legislación vigente. Sobresale mencionar que las regalías al Estado se modificaron, al reducirlas del 6% a 1% ya que antes de 1997, las regalías se calculaban sobre el valor del producto a boca de mina (6%); luego de la reforma, el cálculo se hace sobre el precio internacional del producto (1%). No existe estimación del costo beneficio de la extracción para el país. Tampoco se conoce si esa regalía del 1% supera al deterioro ambiental y social. Así, dentro de los problemas ambientales atribuibles a la minería en nuestro país, se incluyen la deforestación, los drenajes mineros ácidos, la generación de ruido y polvo, y la contaminación del agua y sus formas de vida con: arsénico, cianuro, mercurio, entre otros.
Dentro de los impactos sociales atribuibles a la minería se encuentran el impacto en las estructuras sociales locales, el aumento del costo de vida, la pérdida de medios de vida y la movilización masiva de personas. Todos ellos asociados al deterioro de la salud. Las experiencias adquiridas hasta la fecha en áreas de extracción nacional de recursos minerales no renovables, ha demostrado que no se ha logrado ni alcanzar una sostenibilidad social ni su mejora en modo y estilo de vida en las áreas de extracción. No se tiene ni control ni supervisión de la actividad que haya demostrado impactos y las prácticas de negocio de las mineras, tanto estatales como comunitaria, han carecido de ética; el apoyo al cumplimiento de los derechos humanos fundamentales y respeto a la diversidad cultural pareciera ignorarse por ellas; implementación de estrategias para la reducción de riesgos comunitarios tampoco constituye un acto estandarizado y sistemático y mejoramiento continuo de aspectos relacionados con salud, seguridad y ambiente, no se documentan ni analizan en las zonas de forma integrada; por lo que magnitudes de daño beneficio en salud y bienestar, no se conocen a cabalidad. No existen estudios epidemiológicos completos y fiables al respecto.
