Sala ordena que se procese a cuatro personas en el caso del Edificio del MP

La Sala Primera de Apelaciones ordenó revocar las faltas de mérito ordenadas por el juez Eduardo Cojulún, en el caso de la compra del edificio del MP, durante la gestión de Thelma Aldana. FOTO LA HORA

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

La Sala Primera de Apelaciones, la cual es presidida por el magistrado Freedyn Fernández, ordenó revocar todas las faltas de mérito otorgadas por el juez Eduardo Cojulún en el Caso Gerencial Asunción, en donde se investiga irregularidades en la compra de un edificio para el Ministerio Público (MP).

Por esa decisión emanada por el mencionado órgano jurisdiccional, Lourdes Leyton deberá ser ligada a proceso por el delito de apropiación indebida de tributos, mientras que Miriam Duarte de Lossi y Patricia Guzmán, aparentemente implicadas en las pesquisas, deberán enfrentar proceso por el ilícito de abuso de autoridad.

Tanto Duarte de Lossi y Guzmán fueron ligadas a proceso el 8 de octubre pasado por el delito de fraude, al igual que Diana Benavides, quien fue beneficiada con falta de mérito por el ilícito de incumplimiento de deberes, pero con la decisión de la Sala también deberá enfrentar proceso por ese último delito.

Por su parte, Marlon Pacheco, jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos, dijo que ellos efectivamente habían apelado las faltas de mérito decretadas en este expediente judicial y fueron notificados ayer que declararon con lugar dicho recurso.

“Circunstancia que revoca las faltas de mérito y se le va a ordenar al juez contralor de la investigación (Cojulún) que ligue a proceso penal (a las señaladas)”, explicó el investigador al momento de consultársele acerca de este tema.

El fiscal añadió que están a la espera que el Juzgado Undécimo de Instancia Penal, dirigido por el referido juzgador, programe audiencia, cite a las partes involucradas y se ligue a proceso a las sindicadas por los delitos que el MP pidió.

HECHOS

La Fiscalía sostiene que en la compra de un edificio para el ente encargado de la persecución penal en la zona 5 de Guatemala, no se cumplió con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y que las señaladas pudieron haber participado en los hechos que llevaron a la adquisición del inmueble.

Según el MP, para poder obtener el bien era necesario un Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, el cual no existía al momento de que se hizo la compra, cuyo proceso para adquirirlo ocurrió durante el 2017, explican las pesquisas.

Asimismo, la institución dirigida por Consuelo Porras argumentó que había irregularidades en dicho inmueble, ya que tenía problemas con el agua potable y faltaban otros detalles en este, como el repello de las paredes.