POR SAIRA RAMOS
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Desde hace 16 años los juzgados de Ejecución Penal no han dado cumplimiento a una pena de muerte por orden de juez porque se dejó en un limbo el indulto presidencial; sin embargo, ante la ola de inseguridad y violencia que se vive a diario en Guatemala ésta se hace “necesaria”, afirman dos exdiputadas que promueven, junto a tres bloques legislativos, la reactivación de la pena capital; organizaciones de Derechos Humanos y la Defensa Pública Penal rechazan la iniciativa y piden abolirla.

La última vez que la Justicia aplicó la pena de muerte por medio de la inyección letal en Guatemala fue para Luis Amílcar Cetino y Tomas Cerrate, quienes murieron al amanecer del jueves 29 de junio del 2000, en el módulo de inyección letal que inauguró el entonces presidente Álvaro Arzú Irigoyen, el 28 de junio de 1997, en la Granja de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes.

La muerte de los integrantes de la banda Los Pasaco se dio un día antes de la conmemoración del Día del Ejército en Guatemala y fue ordenada porque ambos fueron hallados culpables por el delito de plagio y asesinato de Isabel Bonifasi de Botrán, de 70 años, una de las herederas de la fortuna de la destilería Botrán.

A pocos meses de que se cumplan 16 años de no aplicarse la pena de muerte en el país, las exdiputadas al Congreso Zury Ríos y Lucrecia Marroquín de Palomo, junto a Marcos Yax, del Frente de Convergencia Nacional (FCN); el hijo de Arzú Irigoyen, Álvaro Arzú Escobar; María Eugenia Tabush y Juan José Porras de Visión con Valores (ViVa), pretenden reactivar la pena capital con una iniciativa de ley.

La propuesta de reactivación de la pena de muerte se presentó ante la Dirección Legislativa cuatro días después de que se registró un atentado con un explosivo casero contra un bus de las Rutas Unidas de Paraíso, en San José Pinula, donde se reportó el fallecimiento de una persona y de cinco heridos.

¿POR QUÉ REACTIVAR LA PENA CAPITAL?

Según Marroquín de Palomo, cuando una familia pierde a un pariente porque fue asesinado los sentimientos que se hacen presentes son “indescriptibles”.

Ella lo vivió el 3 de junio del 2015, cuando dos sicarios que se conducían a bordo de una motocicleta atacaron a su esposo, el abogado Francisco Palomo Tejada, de 63 años, quien murió en un sector de la zona 9 de la Ciudad Capital tras haber recibido varios impactos de bala.

La exdiputada dijo a La Hora que su familia “afortunadamente puede subsistir económicamente”, pero se pregunta muchas veces qué pasa con aquellas familias que entierran a sus parientes y al siguiente día tienen que salir a trabajar porque deben de darle de comer a sus hijos.

“Pensé en ese tipo de cosas y empecé a darme cuenta que Guatemala no tiene salida con este tipo de personas. Entonces, hablamos con Zury para que como ciudadanas propusiéramos reactivar la pena de muerte por el delito de asesinato. Pedimos asesoría legal y empezamos con la redacción de la iniciativa”, explicó.

En una entrevista, Marroquín de Palomo dijo que la propuesta se “enfocó como defensa propia y social, como lo presenta el catecismo de la Iglesia Católica que refiere que la pena de muerte es un deber de Estado, que tiene la obligación de proteger al ciudadano del delincuente asesino”, y este criterio, a decir de la exlegisladora, lo comparten muchos católicos y religiosos.

“Con Zury pensamos que la pena de muerte no es un disuasivo, pero lo que queremos es apartar al delincuente que asesina por dinero, como lo hicieron con ‘Pancho’, para quitarle el dolor a muchas familias. No lo hago por el pasado, sino por el futuro. Las personas que fueron asesinadas no pueden regresarse, pero con la pena de muerte se pueden evitar que cientos de familias pasen por lo mismo”, dijo.

¿LA PENA DE MUERTE REDUCE LOS ÍNDICES DELICTIVOS?

Para la exdiputada y excandidata a la Presidencia por ViVa, Zury Ríos, todas aquellas personas que incurran en un delito deben ser castigadas de conformidad con la Ley y la pena de muerte es una de las sanciones tipificadas en el artículo 18 de la Constitución Política de la República, según refirió.

“La pena de muerte está regulada en la Constitución y Código Penal, por lo tanto, la iniciativa de reactivación tiene que seguir porque estoy segura que, cuando se reactive, muchas familias van a decir: no, ya no se meta a eso porque puede parar en un cementerio. Soy su madre, esposa y abuelita y no quiero que eso les pase porque ya no podrán salir de la cárcel al cumplir su condena máxima”, indicó.

Entonces, esto ayudaría a que los índices de violencia, criminalidad e inseguridad que se viven a diario en Guatemala dejen de pasar, probablemente a “largo plazo porque las personas no querrán arriesgarse a perder su vida por cometer un delito. –Hay que recordar– que lo no corregido a tiempo vuelve a repetirse, por eso hay que hacer un llamado de las consecuencias de lo que pueda tener un hecho”.

Ríos agregó en una entrevista después de presentar la iniciativa de ley que sabe de “muchos estudios técnicos que dicen que por cada sentenciado a muerte –con la pena capital– salvan a cincuenta vidas, precisamente porque el delincuente no para sólo con quitarle la vida a alguien, sino que sigue con otro y otro”, y según ella, estos criminales no se curan y nunca se rehabilitan.

Por eso, las exdiputadas adelantaron a La Hora que en los próximos días estarán convocando a manifestar frente al Legislativo, para demandar a los congresistas la reactivación de la pena de muerte que podría aplicarse al asesinato, según una reforma que trabajan al Código Penal, la cual será adoptada por FCN, ViVa y el Partido Unionista, según confirmaron.

El 22 de marzo, la Corte de Constitucionalidad (CC) publicó una sentencia en el Diario Oficial donde resolvió que a los condenados por asesinato no se les podrá aplicar la pena capital, luego de que declaró con lugar una inconstitucionalidad general parcial promovida a la última frase del artículo 132 del Código Penal que se refiere a la “peligrosidad del agente”.

¿ES NECESARIA LA PENA DE MUERTE?

A los argumentos de las exdiputadas, Sandino Asturias del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), respondió que la aplicación de la pena capital no es válida para ninguna parte del mundo porque no reduce los indicadores de violencia y seguridad, como lo aseguró Ríos.

La aplicación de la pena de muerte, según Sandino, es un asunto que sale a la palestra cuando hay temas de impacto social que le preocupan a la ciudadanía y a su criterio, los que abordan estos temas son los movimientos conservadores que buscan ganar votos o popularidad proponiendo la reactivación de la pena de muerte.

“La sacan al juego creyendo que con esa práctica se resolverán las problemáticas del país, pero olvidan que Guatemala no puede aplicar la pena por la ratificación del Pacto de San José”, dijo el presidente del CEG.

El referido pacto fue suscrito por el Estado de Guatemala en 1969 y se ratificó en 1978. En este se estableció que no se pueden agregar nuevos delitos para la aplicación de la pena de muerte porque el país comparte la intención de muchos estados americanos de abolir la pena de muerte.

“El tema no se ha abordado –abolición–; sin embargo, creemos que es mucho más sano y convincente la aplicación de la justicia pronta y cumplida, además ayudar con el fortalecimiento del sistema de investigación porque de nada sirve poner penas extremas, como la pena de muerte, sino existe capacidad de investigación y de llegar a los responsables de los hechos”, dijo Asturias.

Cuando se llegue a esto, entonces los jueces deberán sancionar los “delitos de forma proporcional, de acuerdo con los convenios internacionales, con penas graves que vayan desde los 30 años, hasta cadena perpetua, porque estos están por encima del Código Penal y porque ha quedado comprobado que la aplicación de la justicia se administra únicamente para solo los pobres que no tienen capacidad de defensa y, por el contrario, se siguen privilegiando a los ricos”, refirió Asturias.

¿HAY ALTERNATIVAS?

La recién electa directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Nidia Arévalo, aun como coordinadora de la Unidad de Impugnaciones de esa defensa, expresó a La Hora que el Estado por ninguna razón debe responder de forma violenta a la violencia de la sociedad, refiriéndose a la aplicación de la pena de muerte.

A decir de la entrevistada, el Estado está obligado a “educar a los niños, que son el presente del país, porque si corrigen a un niño no tendrían porqué castigarlo cuando sea adulto. Lo que hace falta son planes, servicios, educación, valores y principios. Es lo que debe hacerse para sanear una sociedad tan enferma en donde todos en alguna ocasión hemos sido víctimas de la violencia”.

Para Arévalo, quien en 2012, junto al defensor público Ovidio Girón Velásquez, planteó una denuncia ante la Comisión Americana de Derechos Humanos en contra de Guatemala por la aplicación de la pena capital, cree firmemente que la práctica no es una “solución mágica”, aunque lo contemple el catecismo de la iglesia Católica, como lo mencionó Marroquín de Palomo.

“No hace falta reactivar la pena de muerte. Le doy la razón a la exdiputada de Palomo porque conozco el catecismo y tengo fe, pero basta con escuchar el mensaje de defensa a la vida que dio el Papa Juan Pablo II y ahora el sumo pontífice Francisco. Entiendo el dolor, pero ésta –la pena de muerte– no disuade la violencia”, explicó la defensora pública.


CASOS DE PENA DE MUERTE EN GUATEMALA

El 14 de septiembre de 1996, Roberto Girón de 49 años y Pedro Castillo de 39 fueron fusilados en la Granja Penal Canadá, Escuintla, luego que el juez Gustavo Gaitán leyó su ejecución por ser responsables por los delitos de violación y secuestro contra la menor Marisol Álvarez.

La ejecución recibió el rechazo internacional y llevó a que se inaugurara un módulo de inyección letal en la Granja de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes, de modo que el castigo fuera más discreto.

El primero que murió en ese lugar con el nuevo modelo de pena capital fue Manuel Martínez de 33 años, un 10 de febrero de 1998.

A Martínez, se le declaró culpable de asesinar a siete miembros de una familia con quien tuvo una disputa por tierras. El único sobreviviente de ese hecho fue un menor de once años quien identificó al aludido como el responsable de las muertes de sus familiares.

Al aludido, le siguió Luis Armando Cetino y Tomás Cerrate por el delito de plagio y asesinato de Isabel Bonifasi de Botrán de 70 años. Los ahora fallecidos eran miembros de la banda de secuestradores El Pasaco y como parte de esta solicitaron US$3 millones por el rescate de Botrán.

A partir de esa fecha, ningún juez no ha dictado sentencias de pena de muerte, según refieren los datos del Instituto de la Defensa Pública Penal que registraba en 2011, a 45 presos esperado ser ejecutados que años después fueron compensados con penas máximas de hasta 50 años.

Diario La Hora
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