Razonable preocupación

Distintos comercios se vieron afectados en sus ventas debido a la pandemia, ahora esperan una recuperación económica. Foto: La Hora

El día de hoy en su columna de Prensa Libre Juan Carlos Zapata, quien es prominente ejecutivo de entidades del sector empresarial organizado, expresa su razonable preocupación por el impacto que tendrá la tendencia al alza de precios en el mercado mundial de los productos alimenticios de primera necesidad y del petróleo, lo que puede tener serias consecuencias para el país y en virtud de eso hace un llamado para establecer de urgencia una agenda para la inversión de manera que no se magnifique el impacto de esas condiciones adversas.

Señala al Congreso por no encontrar tiempo para conocer varias iniciativas de ley que tienen pendientes y que incluyen normativas que pueden agilizar proyectos que demandan inversiones y mejorar el clima de negocios, pero él dice que el gobierno sí está haciendo su parte, lo cual cuesta creer cuando se sabe que el gobierno dirige la operación conjunta para la cooptación de la justicia que destruirá lo que queda del Estado de Derecho. Y cualquiera sabe que sin certeza jurídica de nada sirve que se aprueben leyes que de todos modos serán violadas por aquellos que todo lo arreglan a la brava y para su particular beneficio.

Lo que menciona el señor Zapata no es cosa irrelevante. En realidad hay riesgos muy altos para la economía del país como consecuencia del impacto del calentamiento global (que también produce heladas) y del repunte de la demanda de petróleo luego de los meses de escasa actividad derivados de la pandemia. Guatemala, que de ser país productor de granos básicos pasó a ser un importador de esos bienes, puede sufrir efectos muy adversos que preocupan en un país donde ya hay deficiencia alimentaria y con poco podría traducirse en hambruna.

No se trata, en absoluto, de salidas populistas sino, por el contrario, de entender que lo fundamental para la economía es disponer de reglas claras que se apliquen por igual a todos. Eso se llama Estado de Derecho y depende de un sistema de justicia imparcial y objetivo que no esté comprometido con un sector en particular para servirle todo en bandeja. Ese punto no se puede pasar por alto cuando se habla de inversión en el país y llama la atención que un “detalle” tan crucial no se tome en cuenta cuando se señala la urgente necesidad de una agenda para la inversión.

No es por prurito que se insiste tanto en el impacto que tendrá el manoseo de la integración de las Cortes, pero evidentemente hay sectores que prefieren no molestar tocando el tema.