Realidades…

¿Quiénes son los dueños de calles y banquetas?

Fernando Mollinedo C.

El fenómeno económico de la privatización ilegal es real en las calles del país; al igual que, como lo han hecho los funcionarios y empleados del Gobierno y municipales durante muchísimos años hueveándose el erario, hay personas que creen, se comportan, abusan, amenazan y hasta llegan a la violencia al ejercer el derecho que como habitantes del territorio nacional tienen, al utilizar los bienes de dominio público.

Los bienes del dominio del poder público pertenecen al Estado o a los municipios y se dividen en bienes de uso público común y de uso especial (art. 457 Código Civil) así mismo, LOS BIENES NACIONALES DE USO COMÚN SON: 1º. Las calles, parques, plazas, caminos y puentes que no sean de propiedad privada; 2º. Los puertos, muelles, embarcaderos, pontones y demás obras de aprovechamiento general, construidos o adquiridos por el Estado o las municipalidades.

3º. Las aguas de la zona marítima territorial en la extensión y términos que fije la ley respectiva; los lagos y ríos navegables y flotables y sus riberas; los ríos vertientes y arroyos que sirven de límite territorial nacional; las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento industrial, en la forma que establece la ley de la materia; y las aguas no aprovechadas por particulares; y 4º. La zona marítimo-terrestre de la República, la plataforma continental, el espacio aéreo y la estratósfera en la extensión y forma que determina la ley (art. 458 Ibíd.)

En relación a las calles de las ciudades, existe una objetiva privatización por parte de los “cuidadores de carros” quienes en franca multiplicación son ahora amos y señores que instauraron sus feudos (áreas o espacio que “controlan”), los cuales alquilan por día o por semana y son literalmente los verdaderos dueños de las calles con su mercado cautivo.

Dependiendo de la zona, día, hora, colonia o adyacencia a edificios públicos, así será el cobro que el “usuario” debe pagar para estacionar su vehículo en la calle o dentro de instituciones educativas, con tarifas que van desde los 5 a los 50 quetzales y agreden física o verbalmente a quien no pague el “derecho a estacionamiento” que creen poseer.

Otros se roban el espacio público, aunque no “cobran” ni hacen negocio, pero las toman como suyas; instalando candados, botes con cemento, bancos, blocks, latas y cualquier objeto que indique de forma clara, contundente y sin equívocos que ese espacio “no es de uso común”, que está reservado para uso privilegiado frente a sus residencias, negocios, iglesias, colegios, casas de comprensión y cariño, talleres mecánicos, comedores y otros lugares, por lo tanto, el mensaje subliminal es: “prohibido estacionar aquí”.

Los cuidadores pinchan llantas, quiebran vidrios, rayan la pintura y defienden con miopes argumentos su presunto derecho. ¿Qué hace la autoridad al respecto? La respuesta es: NADA. Cualquier persona pone objetos le sirvan para “apartar” espacios, y no hay autoridad alguna que llegue a removerlos.

Urge recobrar los espacios públicos, educar a quienes en su infinita ignorancia pues creen que su propiedad se extiende desde su casa hasta la mitad de la calle y al resto de abusivos mencionados.