¿Quién podrá fiscalizar?

Existe un serio problema estructural porque Guatemala carece de un adecuado mecanismo de control toda vez que la Contraloría es uno de los mayores cómplices de la corrupción en el país. Foto La Hora/José Orozco

Ayer publicamos comentarios sobre la imperiosa necesidad de fiscalizar al detalle los dos mil ochocientos millones adicionales para el Ministerio de Comunicaciones que contempla el presupuesto dentro de lo destinado a promover la reactivación económica. Pero existe un serio problema estructural porque Guatemala carece de un adecuado mecanismo de control toda vez que la Contraloría General de Cuentas de la Nación es uno de los mayores cómplices de la corrupción en el país y está diseñada para que así funcione, desde el nombramiento del Contralor, quien tiene que bailar al son que le toquen, hasta los instrumentos legales existentes y la conformación de los aparatos que debieran dar seguimiento al gasto público.

De hecho el problema va mucho más allá, porque a la contraloría inútil se suma la existencia de una matriz de compras y contrataciones que lo único que hace es enredar y dificultar las operaciones, lo que fomenta la corrupción. Lejos de tener legislación que aliente la transparencia y permita la efectiva fiscalización del gasto público, lo que tenemos son disposiciones elaboradas con mala fe por legisladores que son parte de la jugada porque mediante el Listado Geográfico de Obras obtienen beneficios personales y por lo tanto no sólo saben cómo enredar los procesos sino que lo hacen a la perfección.

No podemos pretender transparencia en el marco legal existente porque, repetimos, todo ha sido cuidadosamente diseñado para alentar y facilitar la negociación bajo la mesa y la realización de obras que son auténticos mamarrachos extremadamente costosos pero que dejan jugosos sobornos que se pueden repartir a lo largo y ancho de la administración pública.

El problema real de Guatemala no es de asignación presupuestaria sino del derroche que se hace de los recursos públicos. Lo que se desperdicia por la corrupción es mucho más del monto de los sobornos que se reparten, porque obviamente los contratistas no trabajan para pagar sobornos, sino que lo hacen para obtener jugosas ganancias y por ello las obras son caras y de mala calidad, puesto que el sobreprecio y lo que se ahorran en materiales no sólo permite cubrir las mordidas sino también deja una fuerte ganancia.

Por ello el cambio de matriz de contrataciones y de compras del Estado es tan importante como crear una institución a cargo de la fiscalización que sea realmente independiente de los poderes corruptos y que sea dirigida por alguien que no haya pactado con ellos para asegurar inmunidad aún en los más escandalosos negocios. Basta ver los frutos de la CGCN para entender su patética y total ineficiencia.