Próxima magistratura de la CC

Luis Enrique Pérez

Hay ciudadanos que opinan que no debe haber Corte de Constitucionalidad, porque no garantiza cumplir, con estricto sentido jurídico, la función que le adjudica la Constitución Política de la República. Esa función es “defender el orden constitucional”. Tal opinión tiende a resurgir, por ejemplo, cuando la Corte de Constitucionalidad emite veredictos que no parecen ser estrictamente jurídicos, aunque lo sean; o cuando emite veredictos que, aunque sean estrictamente jurídicos, no satisfacen a quienes tienen intereses políticos o ideológicos que no se benefician de tales veredictos.

La cuestión es que hay una Corte de Constitucionalidad; que hay un procedimiento constitucional para designar o elegir a sus magistrados; que ella tiene la suprema autoridad en cuestiones sobre transgresión o no transgresión de la Constitución Política de la República; que sus veredictos son veredictos últimos sobre esas cuestiones; y que, por consiguiente, la Corte Suprema de Justicia y el mismo Tribunal Supremo Electoral, realmente no tienen tal supremacía.

Sabemos que actualmente hay un proceso de designación o elección de los magistrados de una próxima magistratura de la Corte de Constitucionalidad, que fungirá a partir del próximo mes de abril, durante cinco años. Los designados o los electos deben, evidentemente, cumplir cuatro requisitos, y únicamente cuatro, que exige la Constitución Política: primero, ser guatemalteco de origen; segundo, ser abogado colegiado; tercero, ser “de reconocida honorabilidad”; y cuarto, tener por lo menos quince años “de graduación profesional”. Empero, idealmente, cumplidos esos requisitos, los nuevos magistrados tendrían que ser los mejores juristas conocedores del derecho constitucional y estar dispuestos a una estricta defensa jurídica del orden constitucional.

Han surgido grupos de ciudadanos que manifiestan un angustioso interés por integrar la próxima magistratura de la Corte de Constitucionalidad, con juristas puros; y claman por una llamada “transparencia” del proceso. Mi impresión es que la intención de algunos de esos grupos es que los miembros de la próxima magistratura tengan la máxima afinidad con sus intereses políticos e ideológicos. Y exigen transparencia, no precisamente porque tengan alguna pasión por la más pura juridicidad, sino para crear la oportunidad de impugnar a quienes no tienen manifiesta o insinuada afinidad con sus intereses políticos e ideológicos, o a quienes no estarían dispuestos a complacer tales intereses. Hasta quisieran elegir a todos los magistrados, para garantizar aquella afinidad o esa complacencia.

No les importa, entonces, que los miembros de la nueva magistratura sean, en sentido estrictamente jurídico, los peores. Les importa que tal magistratura esté integrada por magistrados que puedan ser un instrumento que sirva a sus intereses. El Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario o la asamblea de Abogados y Notarios, tendrían que haber resistido o tienen que resistir la influencia de esos grupos de ciudadanos.

No pretendo afirmar que todos los ciudadanos que exigen designar o elegir a juristas puros, y claman por la llamada “transparencia” del proceso, tengan intereses políticos o ideológicos. Pretendo afirmar que algunos, quizá hasta financiados con recursos de otros países o de organizaciones internacionales, tienen esos intereses, los cuales, si triunfan, pueden lograr que la Corte de Constitucionalidad tenga una de las peores magistraturas de su historia en sentido jurídico, aunque tenga una de las mejores en sentido político o ideológico.

Post scriptum. El presidente Jimmy Morales puede designar a quien tenga genuino interés en defender el orden constitucional; pero está expuesto al riesgo de designar, por presiones de grupos políticos o ideológicos, y hasta diplomáticos, a un magistrado titular y a uno suplente que tengan un oculto interés en conspirar contra él, por haber sido el candidato presidencial ganador propuesto por un partido cuyos fundadores son militares.