Julio García-Merlos G.

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Julio R. García-Merlos G.

No deben salir del radar aquellos problemas de ayer y de siempre.

En el foro público es importante discutir sobre temas de coyuntura, pero también sobre esos problemas perennes con los que nos hemos acostumbrado a vivir, pero que son igual de malos que aquellos que nos agobian en forma temporal. La semana pasada trascendió que Guatemala figura entre los países de América Latina con mayores índices de aplicación de la prisión preventiva. Para ser precisos, un 47% de las más de 25,000 personas que guardan prisión en el país, lo hacen en forma preventiva. En el horizonte no se ven soluciones legislativas o de política pública que sirvan para paliar está situación precaria en el corto o mediano plazo.

Por una parte, el Congreso de la República no parece estar interesado en suprimir la parte del artículo 264 del Código Procesal Penal que establece un listado de delitos por los cuales no es posible conceder medidas sustitutivas. Por esta disposición legal no se permite que sea el juez que en el caso concreto evalúe si existe peligro de que un sindicado pueda fugarse u obstaculizar la averiguación de la verdad. A los sindicados por estos delitos y que son ligados a proceso, de entrada, se les impone guardar prisión en un Sistema Penitenciario que no respeta la dignidad de las personas y a merced de un Sistema de Justicia Penal que destaca por su lentitud.

En cuanto al Organismo Ejecutivo, esta administración heredó un retardo injustificado en la aplicación de la Ley para la Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, esta normativa fue aprobada en el año 2016. Hace unos meses autoridades del Ministerio de Gobernación argumentaban en una citación con diputados, que no se implementaba por falta de reglamentación y por cambios en el Reglamento de la PNC, institución a la que la pasada administración trasladó esa competencia. Durante el actual gobierno se han brindado declaraciones aisladas, pero no se han verificado acciones concretas para implementar esa normativa.

Todo esto sin dejar de mencionar la mentalidad de muchos jueces, quienes no acaban de comprender que la prisión preventiva debe ser la excepción en un sistema acusatorio como el nuestro.

El problema sigue latente y hace figurar a nuestro país entre los peores sistemas penales y penitenciarios del continente. Este es un tema que debería ser prioridad para aquellos que dicen abanderar la lucha por el respeto a los derechos humanos en el país. Las garantías procesales de los detenidos y presos son piedras angulares en todo sistema político que se precie por respetar los derechos de sus ciudadanos. El respeto al debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la no autoincrimación y el trato digno a los privados de libertad deberían se prioridad de los funcionarios del ramo en lugar de promover alguna agenda ideológica o rencillas políticas.

Que tengamos un Sistema Penitenciario con menores niveles de hacinamiento (por tanto, menor gasto público) y que cientos de personas puedan estar con sus familias y trabajando mientras se llevan un proceso penal en su contra, depende de jueces y políticos; pero la mayoría parece no estar consciente de esa norme responsabilidad que pesa sobre sus hombros.

Diario La Hora
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