Porras por desobediencia del Contralor: MP vela por la ley

Por Eder Juárez
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La Fiscal General Consuelo Porras fue consultada por la desobediencia de la Contraloría General de Cuentas (CGC), respecto del amparo provisional emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC) a favor de diputados electos que a consideración de la Contraloría no cuentan con la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos más conocida como “finiquito”, lo cual les impediría asumir su curul.

Consuel Porras indicó que el Ministerio Público vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país.

“Como Institución autónoma, seria y objetiva no podemos referir acciones sobre supuestos o escenarios hipotéticos”, dijo Porras a través del equipo de comunicación del MP.

“He girado instrucciones para que las fiscalías velen por el cumplimiento de la Constitución Política de la República y demás leyes del país a efecto de garantizar el Estado de Derecho. Además, resguardar la pureza y legalidad del proceso electoral”, manifestó.

Según la Fiscal General “la población puede tener la certeza de que ningún caso quedadá sin investigar”.

¿CÓMO ACTÚO EN 2018 ANTE OTRA DESOBEDIENCIA?

El 25 de septiembre de 2018, Porras manifestó que estaba a la espera de que la CC certificara lo conducente para iniciar una investigación en contra de funcionarios del Ejecutivo por incumplimiento de la resolución emitida por ese Tribunal que ordenaba que se permitiera el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez al territorio nacional.

Porras citó en esa oportunidad el artículo 32 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en el que se establece que el tribunal que conozca una acción debe ordenar el encausamiento, librando una certificación de lo conducente para que se dicte un proceso penal.

“El MP siempre va a estar atento a que en el momento en que la CC certifique lo conducente por un incumplimiento, entonces el MP iniciará inmediatamente la investigación correspondiente”, aseveró.

La funcionaria explicó en esa ocasión que los principios que fundamentan el derecho penal son claros, asegurando que tanto gobernantes y gobernados deben cumplir con lo que la ley establece.

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