Políticas públicas en salud a la deriva

Alfonso Mata

Error en el enfoque
Un buen enfoque de prevención y de riesgo contra COVID-19, debe contemplar algo más de lo que se hace actualmente, que debe guiar la irreversibilidad del daño y que debe empatarse con el significado de desarrollo sostenible. Por así decirlo, ” Las necesidades de desarrollo de las generaciones presentes no deben comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”. Y precisamente eso no es lo que vemo,s incluso se sacrifica generaciones actuales. De nuevo el COVID-19 nos muestra parte de esa realidad de inconciencia.

Qué necesitamos

Por tanto, detrás del principio de precaución hay una idea de preservar la vida y su entorno natural a toda costa. Desde esta perspectiva, la atención al riesgo, la prevención y la precaución exige un sentido de responsabilidad no solo de los sistemas de salud sino de las comunidades humanas y también de los propios individuos. Si queremos ver lo que necesitamos desde un lenguaje filosófico, pues el de la ciencia no soporta esto, el principio de responsabilidad basado en el imperativo categórico kantiano, conviene sustituirlo por un imperativo adaptado al nuevo tipo de acción humana basándonos en la conciencia. Algo como una enseñanza y praxis basada en “Actúa para que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida genuinamente humana en la tierra para un ahora y un después” que lleva implícito: si tenemos derecho a arriesgar nuestra propia vida, no tenemos derecho a arriesgar la vida de la humanidad. Este imperativo es la base del principio de precaución: nos invita a medir cada una de nuestras acciones contra la altura del peor principio. “.

Si se acepta en general que la previsión estuvo en el origen de los mecanismos de aseguramiento a lo largo de la historia del hombre en y que la prevención consolidó el espíritu solidario, de manera diacrónica, la precaución va estableciendo paulatinamente una cierta moral de acción que consolida el acto de prevención del grupo, sociedad. En una sociedad donde la mitad de sus habitantes vive pendiente desde su niñez por sobrevivir, eso no se puede dar. Por otro lado, desde esta perspectiva, la precaución que requiere la acción pública ante las incertidumbres es, por tanto, un principio de transparencia democrática. Requiere que los tomadores de decisiones públicos y sus funcionarios y los responsables de las organizaciones privadas, ante una amenaza colectiva como lo es la COVID-19, busquen o incluso diluyan toda la información necesaria para tomar decisiones encaminadas a salvaguardar a la comunidad. Requiere comunicación sobre la naturaleza del riesgo así como las estrategias de prevención implementadas y el apoyo y consolidación que esto requiere.

En un plano de acción, invita a las poblaciones interesadas a participar, en debates públicos donde se discutirán posibles medidas de protección para preservar la salud de la comunidad. Pero para que ello se de, se necesita comunicar, informar y explicar, un tríptico sin el cual cualquier decisión sobre seguridad sanitaria queda inaccesible para el entendimiento de los ciudadanos – a la que concierne principalmente – y por tanto sin significado heurístico. Lo que hemos observado en esta pandemia, es que no hay aprendizaje ni capitalización del conocimiento compartido. Este punto, muchas veces olvidado o trivializado por el consenso, permanece sin resolver en nuestro país.

Nuevo manejo de incertidumbre y riesgo
Por tanto, la incertidumbre del riesgo genera una necesidad: la de comunicar la naturaleza de los riesgos y los medios para prevenirlos o incluso reducirlos. La incertidumbre exige un deber: el del decisor político.

Nunca hemos caído que ante el riesgo y la incertidumbre que esta provoca, en el plano político y social, la incertidumbre es un concepto inseparable de la toma de decisiones y cuanto más incertidumbre existe, más se requiere el trabajo del tomador de decisiones. Esto es precisamente el problema de nuestro Estado: no toma LAS ADECUADAS decisiones en función de la incertidumbre de los riesgos sino de intereses ajenos. La precaución entonces en lugar de volverse una fuerza impulsora detrás de la regulación y la gestión de riesgos, se convierte en un oportunismo para hacer negocios a costa del riesgo y sus incertidumbres. Constituye una falta a la moral y desafía el sentido de responsabilidad de los tomadores de decisiones públicos.

La moral de Estado
Pero detrás de todo este ejercicio cotidiano de riesgo y prevención, existe otro grave problema. Un principio moral del Estado. Sea correcto o no en su actuación el Estado ¿qué sentido puede adquirir concretamente este principio de moral pública en las masas populares, bastante fatalistas ante los acontecimientos de la vida y luchando por sobrevivir? En este sentido lo que ha estado sucediendo es que el Estado ha añadido otro campo a las manifestaciones de riesgo potencial y desvirtuando hacia otros rumbos el concepto de riesgo. En resumen, una especie de mano invisible malvada (los malos políticos) está teniendo el control sobre el destino de los humanos.

El aspecto cultural

De hecho, la percepción del riesgo por parte de un determinado grupo social, también depende de su filtro cultural. Siendo la cultura fuerte marcador del comportamiento social, es por tanto a través de su mirada cultural: sus ritos propiciatorios, sus tradiciones, sus referentes místicos e incluso sus supersticiones, que determinaremos, cuán riesgo y peligro son fenómenos como la pandemia. Que es percibida y representada en el imaginario colectivo común a los diversos grupos socioculturales encontrados.

Legitimar políticas y acciones

Una política de salud pública presupone un conjunto de opciones estratégicas de los poderes públicos para definir sus campos de intervención, los objetivos generales que alcanzarán y los medios que, para ello, se implementarán. Así, la salud pública es una política pública que permite determinar: “La naturaleza, alcance, financiación y gestión de las intervenciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud”. “. Entendido en esta afirmación, las políticas de salud pública corresponden al término inglés “Politics”, y es precisamente esto la base para que las autoridades públicas creen las condiciones suficientes y necesarias para mejorar el estado de salud de una población. En esta perspectiva, la salud pública puede legítimamente encontrar su derecho a formarse como objeto de estudio de las ciencias sociales y más particularmente de la ciencia política. Por tanto, la salud pública no es solo el dominio de la medicina y la epidemiología. Es y constituye el vehículo para informar a las poblaciones y montar las modalidades de acción pública para superar los problemas de salud, que deben ser considerados como fenómenos sociales por derecho propio.

La salud pública también necesita contribuciones metodológicas y heurísticas de la ciencia política. En efecto, antes de ser un estudio sobre las condiciones que subyacen a la salud de una población en relación con su medio natural, la salud pública es ante todo uno de los métodos de acción pública definidos por los gobernantes. Esta es su grandeza al mismo tiempo que su miseria. Como sostiene William Dab: “La salud pública no es solo un asunto de individuos, y no son todas las actividades médicas, ya sea una cuestión de apoyo, de atención, diagnóstico, terapia: tanto las actividades clínicas y epidemiológicas que, por esenciales que sean, no son suficientes para satisfacer todas las necesidades de salud. La salud pública es un ejercicio de estudio y resolución de problemas de salud analizados a nivel poblacional y en todos sus aspectos”.