PDH advierte de consecuencias por “retardo malicioso” de la integración de Cortes

El PDH, Jordán Rodas, se pronunció respecto a la elección de Cortes. Foto La Hora.

Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, manifestó que a la actual emergencia se le suman una deliberada crisis política y también jurídica, además, que el acceso a la justicia universal pronta y cumplida se encuentra amenazado por el retardo malicioso en la integración de Cortes, así como el empecinamiento en desobedecer las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.

En un pronunciamiento emitido por el Procurador, añadió que lo anterior ha debilitado a extremos sin precedentes desde 1986 el Estado de derecho, forzando a la ruptura implícita del orden republicano.

Además, dijo que los gobernantes están abriendo las puertas de la ingobernabilidad, llevando al país a un punto de no retorno.

Para Rodas, las responsabilidades del comprometimiento del régimen constitucional recaen directamente en los más altos funcionarios de los tres poderes del Estado.

“La prolongación de esta crisis debilitará el orden democrático, despertará tensiones y conflictos sociales, y dejará un precedente nefasto de desestructuración de la arquitectura constitucional que hace casi 20 años fue la columna de soporte de la democracia, frustrando un golpe de Estado”, expresó.

Desde junio, el Congreso no ha vuelto a abordar el tema de la elección de magistrados de CSJ y Salas de Apelaciones, únicamente aprobaron el 24 de ese mes un “procedimiento” para hacerlo.

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SE TENDRÁ UNA INCIDENCIA NEGATIVA

Por ello, menciona que la actual crisis político-jurídica tendrá una incidencia negativa sobre las capacidades del Estado y de la propia sociedad para atender la ingente emergencia sanitaria y sus dolorosas secuelas sociales y económicas.

“Está en las manos de las cúpulas de los tres poderes del Estado sacar a Guatemala de esta crisis política, y está en el reclamo democrático de la sociedad entera la única responsabilidad de que quienes han jurado lealtad a la Constitución no la traicionen y actúen con juicio y sensatez”, afirmó.

SOBRE LA EMERGENCIA SANITARIA

En su pronunciamiento, también destacó que el derecho humano a la alimentación, salud, educación y el empleo están siendo socavados por la combinación de los impactos de la pandemia del COVID-19 y la deficiente gestión gubernamental de los recursos extraordinarios aprobados para enfrentar esta emergencia, que equivalen al 3 por ciento de la actividad económica del país.

Además, destacó que en los primeros cinco meses del año se han registrado 15 mil casos de desnutrición aguda infantil y que esa cantidad, es más que la totalidad de casos que se presentaron en 2019.

El PDH también mencionó que los diez programas de ayuda “no han mitigado la crisis debido a su diseño defectuoso, limitando alcances, bajísima ejecución, un sistema de adquisiciones opaco y el uso clientelar en muchos municipios”.

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