Foto ilustrativa. El Ministerio de Salud cada día reporta más de un centenar de casos. Foto MSPAS

POR ADRIÁN SOTO
asoto@lahora.com.gt

A través de un comunicado Acción Ciudadana, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Pacto Ciudadano, Diálogos, Laboratorio de Datos, Red Ciudadana y Paraíso Desigual, expresaron su rechazo al caso de la adquisición de pruebas falsas para Covid-19 y que fue denunciado por la ministra de Salud, Amelia Flores. El titular de la postura remarca que lo sucedido “es otra prueba más de que la corrupción mata”

“Expresamos nuestra indignación ante la denuncia sobre la adquisición fraudulenta de pruebas de laboratorio para la detección de Covid-19. Es inconcebible que, en plena crisis humanitaria causada por esta pandemia, en la que guatemaltecas y guatemaltecos perdieron la batalla contra el virus y otros más sufren todavía de las consecuencias de la enfermedad, existan particulares y servidores públicos que buscan beneficios económicos personales con la adquisición pública de las pruebas”, expresaron.

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De esa cuenta, demandan al Ministerio Público para que investigue “este nuevo escándalo” y que encuentre las pruebas que permitan que los responsables rindan cuentas ante los tribunales, así como solicitar las penas máximas establecidas en el Código Penal para su castigo, ya que los delitos que pudieron haberse cometido violentaron una operación con fin asistencial, y con ello, pusieron en riesgo la vida de muchas personas.

“La investigación debe establecer si las pruebas falsas fueron utilizadas en los departamentos a los que fueron destinadas”, señalaron las organizaciones.

También enfatizaron que, según el Laboratorio de Datos, en Huehuetenango, uno de los departamentos mencionados en la denuncia, se realiza un promedio de 775 pruebas por semana, pero en la última semana de enero se tomaron 9,363 test y 6,384 en la primera semana de febrero. A pesar de este incremento significativo, los casos detectados no reflejan lo mismo: 98% de estas pruebas resultaron negativas. Como en ocasiones anteriores, al momento el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no han ofrecido una explicación satisfactoria de esta anomalía.

“La Contraloría General de Cuentas también debe colaborar con la investigación, y lograr identificar y sancionar a los funcionarios que violentaron las normas internas y manuales de procedimientos aplicables a los procesos administrativos de compras públicas, especialmente en la fase de ejecución del contrato denunciado”, señalan en el comunicado.

El caso ha sido motivo de comentarios del presidente Alejandro Giammattei y la ministra de Salud, Amelia Flores. Foto La Hora/Presidencia

De igual forma, expusieron que el Gobierno debe demostrar coherencia al cumplir su ofrecimiento de intolerancia a los actos de corrupción, separando inmediatamente de los cargos públicos a las personas que han sido directamente señaladas en la denuncia. En particular, piden destituir a Ronaldo Estrada Rivera del cargo de Viceministro del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes.

Por esto último se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia la cual indicó: “Seguimos trabajando de lleno en este tema” y añadieron que en el transcurso habría actualizaciones.

OTRAS DEMANDAS

Las organizaciones también demandaron al Ministerio de Salud Sancionar a la empresa proveedora de las pruebas falsas con toda la severidad que permita la legislación vigente y “continuar denunciado a los empleados y funcionarios de la entidad que pudieron haber cometido delitos en la adquisición fraudulenta de pruebas, y prestar colaboración plena con las investigaciones”.

Mientras que al Congreso de la República exigieron continuar realizando acciones de control y fiscalización sobre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social “para esclarecer las falencias y posible corrupción en los procesos de adquisiciones públicas en salud, y los procesos de gestión y posible alteración de datos epidemiológicos”.

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“Conscientes y en extremo alarmados e indignados por la pérdida de vidas a raíz de los actos de corrupción y abusos ocurridos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, las organizaciones y plataformas de la sociedad civil suscritas hacemos un llamado a la ciudadanía y a otras organizaciones y sectores a sumarse a esta exigencia porque las investigaciones esclarezcan los hechos y que todos los responsables sean llevados a los tribunales, juzgados y penalizados conforme a la ley”, enfatizaron.

Todo esto se deriva de la denuncia que presentó la ministra de Salud de Pública, Amelia Flores, el 15 de febrero ante la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, por la entrega de un lote de 30.000 pruebas supuestamente falsas para detectar covid-19.

La denuncia se presentó “por posibles ilícitos cometidos en la adquisición de insumos para el fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico de pacientes en los Hospitales Regionales de Zacapa, Huehuetenango y Chimaltenango, en atención al Estado de Calamidad, según Decreto Gubernativo 5-2020”.

De momento las pesquisas sobre este caso están en curso para deducir responsabilidades en los funcionarios que resulten involucrados.

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Adrián Soto
Periodista que escribe para llenar vacíos, tomarse desquites contra la realidad y contra las circunstancias. Indignado por la corrupción y abusos a los más desposeídos, pero creyente en que un periodismo libre es capaz de promover democracia para el justo desarrollo de un pueblo que mantenga lo ojos abiertos, que luche y logre sus sueños.
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