Para los analistas guatemaltecos, el SUPRA PODER esta constituido por los actores e instituciones que tienen la facultad de inclinar la balanza del poder local o nacional: el Congreso de la República, el organismo judicial y su ponente y/o brazo ejecutor el organismo ejecutivo. El decir que jueces, fiscales e instituciones ocupan hoy un negro primer lugar en el acontecer diario no es novedad en el sistema de gobierno.
La percepción de la población relacionada con la amalgama de estos grupos ha sido utilizada para 1) venganzas y presiones de carácter político con fines de enriquecimiento personal 2) contra funcionarios que por razón de su cargo efectúan investigaciones relacionadas con actos ilícitos cometidos por los detentadores del poder 3) contra los defensores de los derechos inherentes a la vida y 4) contra el sector periodístico que descubre tales actos reñidos con la ley.
Los guatemaltecos quisiéramos que las personas que dirigen las instituciones y dependencias de los Organismos legislativo, judicial y ejecutivo, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, el INFOM, el IGSS, las Municipalidades del país (desde la más pequeña hasta la de más alcurnia) la Policía Nacional Civil, la SAT, la Dirección General de Aeronáutica Civil, Caminos, Covial e Inguat, desempeñaran su trabajo con los valores mínimos relacionados con la moral y ética que requiere el acto de ser funcionario o empleado público.
La auditoría social para los gobernantes tiene el calificativo de reprobada; no es necesario repetir los escándalos, denuncias o trinquetes que son del conocimiento público para reiterar que NO SON LAS INSTITUCIONES LAS PODRIDAS, SON LAS PERSONAS QUE LAS DIRIGEN Y HUEVEAN QUIENES TIENEN PODRIDOS SUS VALORES y por eso no respetan y se apropian de los bienes muebles e inmuebles del Estado, que son bienes para el servicio público.
La población sabe de la corrupción, saqueo financiero y malversación de recursos que se ha registrado en la administración pública en los últimos treinta y cinco años, la cual además de ser omisos para las autoridades permitió y permite la impunidad de los actos ilegales (desde el ejercicio presidencial de Vinicio Cerezo hasta hoy).
Lástima que no haya entre los funcionarios y empleados públicos una cultura de rendición de cuentas, cumplimiento de la ley, transparencia, eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, sin otro interés que no sea el institucional; mucho menos que deseen crear una imagen merecedora de confianza, credibilidad, honestidad, capacidad, respeto e imparcialidad; no solamente para la sociedad a la que se debe servir, sino a los entes fiscalizables respecto a los montos presupuestarios que manejan.
Lo mismo puede decirse acerca de los empresarios, agroexportadores, industriales, comerciantes, profesionales liberales, entidades financieras y bancarias; así como de los militares que ejercieron el poder durante muchísimos años y que presuman de no haber cometido actos tipificados como delitos. Quien diga lo contrario dirá una vil mentira que ni ellos mismos se la creen.
