El tema de actualidad para muchos es la celebración de 200 años de vida independiente, porque según ellos somos un país libre, soberano e independiente, situación que fue solo el aprovechamiento de los grupos de poder de esos tiempos y que se confabularon para tenerlo perpetuamente, sin contar con la participación de las grandes mayorías, mismas que se enteraron mucho tiempo después de que habían declarado la Independencia de Guatemala, aquel 15 de septiembre de 1821.
Este 15 de septiembre del 2021, no tenemos nada que celebrar, no nos prestemos a caer en ese juego de fiestas patrias de absoluta hipocresía, más bien nos toca ponernos a reflexionar de cómo los grupos de poder guatemalteco nos han tenido sometidos con un yugo como bueyes de carreta o trapiche (disculpen la comparación) supeditados a lo que ellos quieren y desean hacer de acuerdo a sus intereses.
Es tiempo ya de que la población en general de Guatemala exija sus verdaderos derechos en una Constitución Política renovada, acorde a la nueva realidad, donde las fuerzas vivas del país estén representadas para que participen en los espacios donde se fijan las políticas públicas que benefician o dañan a la población, tomando decisiones con voz y voto; privilegio que hasta ahora han tenido los grupos tradicionales de la elite económica “organizados” que actualmente están en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras (CACIF).
En estos tiempos las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mypimes), los migrantes guatemaltecos en el extranjero y el comercio informal han superado con creces las aportaciones en lo económico que se transforman en Producto Interno Bruto (PIB) para el país y las cosas siguen igual, solo un sector tiene el derecho de estar en los espacios de poder; por ponerles un ejemplo hoy en la Junta Monetaria, Junta Directiva del INDE, IGSS, Empresa Portuaria, etc.
El sector empresarial organizado tiene bastante influencia en muchas decisiones del gobierno de Guatemala, principalmente en los asuntos que a ellos les interesa, espacios que los han logrado con el apoyo político de los poderes Legislativo y Ejecutivo, teniendo el privilegio de tomar decisiones en cerca de 58 instancias gubernamentales con voz y voto, con piones estos poderes para hacer leyes y reglamentos que acomodan de acuerdo con lo que ellos pretenden.
La participación de este sector les permite tener información importante para poder tomar decisiones en muchas de las políticas públicas que a ellos les interesa como comercio, economía, construcción de servicios públicos, energía, servicios portuarios, educación salud, préstamos y concesiones, etc., tienen un estado que se presta a satisfacer, proteger y sobre guardar sus patrimonios.
La Constitución de 1986 estableció que este sector tuviera participación directa en la Junta Monetaria, autoridad del Banco de Guatemala, que diseña la política monetaria y crediticia de Guatemala, monitorea la circulación del dinero, deuda pública, tasas de interés del sistema bancario, el tipo de cambio, entre otros. En el gobierno de Arzú se incrementó esta participación y se afianzaron con más puestos de poder.
Acaso no las Mypimes, Migrantes y otros sectores sociales tenemos esos derechos a participar en esos espacios, urge, pero urge que reclamemos nuestra participación para equilibrar las fuerzas vivas productivas que en estos tiempos mantienen la economía de Guatemala y con n esto no me vayan a decir que soy comunista o populista, solo estoy haciendo un llamado para que haya una verdadera inclusión de todos los sectores, que al final todos somos importantes.
Hago un llamado para que revisemos leyes, reglamentos, acuerdos ejecutivos, ministeriales y legislativos para ver estas ventajas para una minoría y desventajas para las grandes mayorías. Ante estas largas injusticias estas propuestas son para tener justicia social.
