Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
A estas alturas del partido, la gran mayoría de guatemaltecos sabe cuál es la realidad de nuestro país, los vicios que más nos afectan y las porosidades que son explotadas por unos pocos en detrimento de millones. Lo saben los actores de más peso local e internacional y con mayor posibilidad de incidir en un futuro mejor.
Entonces la gran pregunta termina siendo ¿cómo vamos a arreglar este desmadre y qué vamos a hacer para reencauzar el país, para devolverle a la gente no solo la esperanza en un futuro mejor sino en que vuelvan a creer en su habilidad para incidir y ser agentes de cambio?
Determinar cuál será el orden de prioridades es parte del gran acuerdo de mínimos que necesitamos alcanzar antes que más populismo, los radicalismos o las venganzas sean el camino que tome nuestra población desesperada.
Hay problemas estructurales que nunca detendrán la migración. Por ejemplo, necesitamos generar más empleo y la necesidad de ampliar y mejorar la infraestructura del país ofrece una oportunidad para que con inversión del Estado, particulares puedan echar a andar obras que generen mucho empleo (nuestros migrantes trabajan en obras de infraestructura en EE.UU.).
Pero como lo que favorece el sistema es la corrupción, tales obras no generan empleo de forma masiva y por tanto, necesitamos reformar ese sistema de adjudicaciones. Para eso, se necesita ajustes y reformas a la ley. Eso pasa por el Congreso y el Legislativo es la meca de la corrupción en la obra pública porque desde ahí se decide a quién le tocará el pastel de la corrupción y el Ministerio de Comunicaciones y la Contraloría de Cuentas son parte de la jugada. No por gusto el Ministro de Comunicaciones es un diputado.
Para mantener a salvo ese sistema es que han montado tanta oposición a cualquier reforma a la justicia. Hoy tienen las herramientas para controlar, cooptar y elegir “sus magistrados” en paz, en cuartos de hospital. Recuerden que una de las acusaciones es que Felipe Alejos metió mano en la elección de cortes y que fluyó dinero a través de constructoras para incidir en la elección de la Corte de Constitucionalidad (CC) que hizo el Congreso.
Y como los políticos y sus socios particulares se quieren resguardar, resulta que su otro caballo de batalla es mantener el sistema político atado a la podredumbre actual, con el afán de evitar que gente sana entre al ruedo. Por eso hay férrea oposición a cambiar la manera en la que elegimos diputados, dar mejor accesibilidad a la creación de vehículos electorales y por eso, entre muchas otras cosas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sigue siendo el reducto que se mueren por controlar. No por gusto no avanza la cancelación de la UCN y FCN.
Entonces, para frenar la migración necesitamos reformas estructurales que pasan por el Congreso y dependen de voluntad. Hablando de voluntad, pongo un ejemplo: El Gobierno podría decidir que en el Ministerio de Salud exista UNA SOLA UNIDAD EJECUTORA, compuesta por gente proba, bien pagada que sea capaz no solo de analizar, verificar sino ayudar a planificar. No es la meta centralizar de por vida, pero mientras haya tanta porosidad y poco control, unificar para luego descentralizar cuando se arreglen los vicios debe ser el camino.
Estados Unidos y sus funcionarios ya saben cuáles son los males, ahora toca aplicar la medicina y la mejor plataforma de implementación debemos ser los ciudadanos que no solo entendemos sino que estamos dispuestos a enfrentar los vicios, cueste lo que cueste.
