Jonathan Menkos
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La precarización de los trabajadores guatemaltecos -caracterizada por la carencia de contratos de trabajo y prestaciones, la reducción de sus ingresos reales y el incremento de la inseguridad económica- constituye uno de los más graves atentados contra las personas, la democracia y el desarrollo.
La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos menos antigua, realizada en 2019, revelaba que la población ocupada sumaba 7.3 millones de personas y el 63.8% laboraba en la informalidad. El ingreso medio mensual del ochenta por ciento de los trabajadores más pobres, oscilaba entre los Q407.0 y Q2,857.0 mensuales, representando a penas entre el 4.91 y el 34.5% del costo total de la Canasta Ampliada (CA) en diciembre 2019, cuando ascendía a Q8,277.33 mensuales para una familia tipo de 4.77 miembros. Estos montos de ingreso revelan el irrespeto al salario mínimo que, en 2021, el presidente Giammattei decidió mantener sin cambios, y que ronda los Q11.16 por hora, muy lejos de los 15.0 dólares por hora pagados en 20 estados de los Estados Unidos.
La precarización de los trabajadores provoca que aproximadamente 10.2 millones guatemaltecos sobrevivan con el estómago vacío y sin perspectivas optimistas sobre el futuro de la nación. A nivel social y económico, la precarización de los trabajadores es muy peligrosa pues fomenta un círculo vicioso alimentado por la pobreza y la desigualdad, el trabajo infantil, la migración forzada de personas en edad de trabajar y una baja demanda de productos y servicios nacionales, lo que disminuye la inversión, el empleo y los ingresos públicos, entre otros fenómenos.
Llegamos hasta aquí debido a dos ingredientes básicos en la receta neoliberal: administradores del poder público empeñados en debilitar la función pública y una oligarquía que maximiza sus ganancias a costa de negar a millones de trabajadores y sus familias la oportunidad de mejorar su suerte actual y tener un mejor futuro. Esta receta no genera empleos ni bienestar. Todo lo contrario.
Por ello, se requiere reformar el mercado laboral mediante cinco acciones estructurales. Primero, aplicación de una renta básica universal que elimine la pobreza extrema e impulse en todo el territorio la demanda de bienes y servicios y, consecuentemente, de empleo. Esta medida además permitiría eliminar los actuales programas de asistencia social prostituidos. Segundo, un programa de universalización del acceso a la seguridad social -que incluya jubilación, acceso a salud y seguro de desempleo-, al que acceda el trabajador de micro, pequeñas y medianas empresas, por medio de su número de identificación tributaria y con la responsabilidad de reportar una planilla mensual de facturas de consumo. Esto disminuirá el costo de formalización del trabajo al tiempo en que ayudará a luchar contra la evasión de impuestos y fomentará de manera sostenida el consumo en negocios debidamente inscritos ante la autoridad tributaria.
Tercero, lograr que toda la población en edad de trabajar tenga acceso a programas de capacitación y apoyos para su educación formal. Esto requiere un Intecap sin trabas, económicas o de distancia, para la población. Cuarto, constituir un fondo para la innovación económica y la transformación productiva, basado en una estrategia económica centrada en lograr el pleno empleo, la soberanía alimentaria, mayor productividad y sostenibilidad ambiental. Este programa debe apoyar la investigación para mejoras en los ámbitos ambiental, agrícola, industrial y de servicios; y la ejecución de proyectos de infraestructura que constituyan la base para un desarrollo sostenido, sostenible e inclusivo: caminos rurales y carreteras, programas de riego para pequeños y medianos productores, silos y sistemas efectivos de correo y telecomunicaciones, entre otros.
Finalmente, será necesario determinar y acordar las fuentes de financiamiento socialmente más justas para estas acciones.
