Por Alberto Mora
Director Ejecutivo Asociado
American Bar Association
Guatemala ha estado a la vanguardia en América Latina en hacer un esfuerzo institucional para combatir la corrupción y la captura de instituciones gubernamentales por redes ilícitas. Me he sentido inspirado por el trabajo valiente y ejemplar de los jueces de los tribunales de alto riesgo, la fiscalía contra la impunidad (FECI) y los magistrados de la Corte Constitucional que han defendido la Constitución guatemalteca para enfrentar estos desafíos, incluso frente a amenazas graves en contra de su integridad.
Hace unos meses decía que era un momento crucial en Guatemala, el proceso que avanzaba en la selección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema iba a determinar si los avances de la última década continuarían o se estancarían. Después de un proceso cuestionado en la selección de siete magistrados/as de la nueva corte de constitucionalidad y a más de un año sin que el Congreso de Guatemala seleccione a la nueva Corte de Justicia, puedo afirmar que esos avances están bajo seria amenaza. En este momento, el Congreso se niega a sentar a una magistrada que fue legítimamente seleccionada.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala es la última línea de defensa en la lucha contra la impunidad. Sin un tribunal independiente, la capacidad para procesar al crimen organizado y a los corruptores del sistema y así brindar la certeza judicial necesaria para asegurar el desarrollo económico, colapsará. Entre otras cuestiones importantes, el desarrollo económico depende de la capacidad de los tribunales para resolver disputas de manera equitativa y brindar certeza judicial. ¿Una empresa transnacional invertirá en Guatemala si sabe que necesita obtener una licencia de un ministerio local donde dichas licencias se otorgan de manera rutinaria, no a los más calificados, sino a los que están dispuestos a pagar el mayor soborno? Las empresas ciertamente lo pensarán dos veces antes de invertir en un país caracterizado por tal corrupción.
Mis amigos de la comunidad empresarial de Guatemala me han dicho que uno de los principales problemas en los tribunales son las demoras y los cuellos de botella. Es cierto que esto es parte del problema, pero no es el problema real. Hay varios problemas: a algunos jueces y fiscales se les da la opción de omitir acciones criminales o de ser acosados hasta muchas veces tener que dejar el país. Ante tal presión, no puede haber independencia ni certeza judiciales. Otros jueces son partes de redes de tráfico de influencias y otros que sirven los intereses de algunos pocos. Un sistema sólido requiere jueces competentes, probos, honestos, honorables e independientes.
Durante los últimos 150 años, la organización a la que represento, el Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) ha trabajado para promover el estado de derecho en los Estados Unidos y en todo el mundo. Es la asociación profesional más grande de los Estados Unidos y tiene miembros de todo el mundo, incluidos abogados, fiscales y jueces. La Iniciativa de Estado de Derecho de la ABA y el Centro de Derechos Humanos, que trabajan fortalecer la capacidad del sector de la justicia y la sociedad civil en otros países y proteger a los defensores/as de los derechos humanos en situación de riesgo, han apoyado durante los últimos diez años los esfuerzos del sector justicia y la sociedad civil en Guatemala.
En Guatemala hemos brindado capacitación forense al personal del sector justicia guatemalteco y hemos monitoreado los procedimientos para seleccionar nuevos Fiscales Generales y jueces de los tribunales superiores durante los últimos seis años. Además de promover el estado de derecho en otros países, el ABA aboga por el estado de derecho en los Estados Unidos. Durante los últimos 65 años, el ABA ha participado en la selección de candidatos judiciales para los tribunales federales de los Estados Unidos.
Es por esto por lo que tenemos la experiencia para afirmar que solo hay una forma de abordar los desafíos que atraviesa Guatemala. El tráfico de influencias en la elección de jueces debe terminar.
Si bien es difícil exagerar la gravedad del problema, no quiero sugerir que sea insuperable. De hecho, la solución era bastante sencilla. Transparencia y recolección de la información idónea y adecuada para hacer una apropiada evaluación. Transparencia real. No procedimientos elaborados para la recolección de información irrelevante, como vimos en la comisión de postulación de la Corte Suprema de Guatemala, sino la recolección de información debe ser sustantiva sobre los candidatos – desde información sobre todas las decisiones judiciales y participación en actividades económicas para determinar conflictos de interés, hasta audiencias publicas que dieran la oportunidad de cuestionar el perfil de los candidatos.
Es una gran responsabilidad la que tienen las entidades que eligen a los Magistrados, tienen una gran responsabilidad ante todos los guatemaltecos y la comunidad empresarial de buscar, identificar a los abogados más competentes del país, que sean honestos, intachables, e independientes. La Convención Americana requiere que Guatemala garantice la independencia e imparcialidad de sus tribunales. También requiere que todas las instituciones guatemaltecas se aseguren de que cualquier proceso de contratación de funcionarios públicos, incluidos los jueces, sea transparente, objetivo y no discriminatorio.
Además de las obligaciones de los tratados internacionales de los Guatemala hace parte, la Constitución guatemalteca establece los requisitos básicos para los jueces de los tribunales superiores. Los más importantes son los requisitos de méritos de capacidad, idoneidad, honestidad y honorabilidad. Requisitos que los siete magistrados posesionados no parecen haber demostrado durante el proceso de selección.
El ABA seguirá dando apoyo a las organizaciones de sociedad civil, instituciones del Estado de Guatemala y a la comunidad empresarial; siempre con el único objetivo de garantizar un sólido Estado de Derecho en Guatemala que sea atractivo para la inversión extranjera y que también sea respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo, para esto es necesario tribunales independientes y jueces libres de presiones u obstáculos para ejercer su labor o ser posesionados después de un proceso que haya cumplido los estándares que he mencionado.
Este artículo es una colaboración para la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) que busca promover la democratización e independencia de la función judicial y el fortalecimiento de la dignidad e imparcialidad, así? como el fomento de la eficiente y eficaz administración de justicia, a través del desarrollo jurídico, académico- funcional, profesional, social, cultural y laboral del gremio, en un espacio plural donde puedan desenvolverse a nivel nacional e internacional, en beneficio de la sociedad guatemalteca. www.agji-gt.org
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