Por: Adrián Zapata
La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ya ha asumido el ejercicio del mandato que le otorgó el presidente Biden, en el sentido de liderar el impulso de una iniciativa dirigida a “resolver” el “problema” de la migración “irregular” de población procedente del “Triángulo Norte de Centroamérica” hacia los Estados Unidos.
Es muy importante subrayar que la vicepresidenta Harris ha declarado que “… su gobierno se centrará en ayudar a los agricultores centroamericanos afectados por el cambio climático, en un esfuerzo por abordar una de las causas fundamentales de la migración” (Nota de AFP, 25/04). Se refiere a condiciones meteorológicas extremas como las recientes tormentas Iota y Eta, las cuales, dadas las condiciones socioeconómicas prevalecientes en nuestros países, produjeron dramáticos efectos entre la población rural, incluso más graves que la propia pandemia.
Esta declaración me parece trascendental para abordar con seriedad las raíces de la migración. Va mucho más allá de impulsar la inversión extranjera, de que los empresarios nacionales efectivamente reinviertan sus ganancias acá, de abrir los mercados para las exportaciones. Todas esas propuestas son necesarias, sin duda, y contribuirían al crecimiento de nuestra economía, lo cual es muy importante, pero insuficientes, porque no aclara la distribución de esa riqueza, en términos de qué tanto se concentra o se re distribuye.
Según las informaciones del último censo agropecuario, ya muy atrasado por cierto, en el país hay aproximadamente 1,300,000 hogares agropecuarios, de los cuales un 61% (aprox 800,000) son agricultores familiares, la gran mayoría de ellos de infra y subsistencia, sin tierra o con tierra insuficiente. Es muy difícil imaginar cómo se van a ver ellos beneficiados con la llegada de inversión extranjera (que seguramente será, en el mejor de los casos, moderada, aunque se hagan esfuerzos importantes por atraerla), cómo se podrán encadenar masivamente a procesos productivos dirigidos a las exportaciones. Estos campesinos pobres en su inmensa mayoría, deben ser apoyados impulsando programas de agricultura familiar, con mercados asegurados (compras públicas, promoción de mercados locales, por ejemplo), asesoría técnica, insumos, financiamientos, acceso a tierra, etc. Según algunas estimaciones, los agricultores familiares producen cerca del 70% de los alimentos que consumimos.
A ellos tiene que llegar la ayuda para que produzcan no sólo para su seguridad alimentaria, sino que, siendo excedentarios, también para vincularse a los mercados y obtener ingresos que los saquen de la pobreza. Con el agregado que la agricultura familiar es amigable ambientalmente. Por eso, es importante retomar el tema de la Ley de Agricultura Familiar que está en tercera lectura en el Congreso.
El apoyo que ofrece la señora Harris debe llegar a ellos, pero no sólo a través de la AID y las ONGs que les son cercanos. Por eso es satisfactorio que haya anunciado que se trabajará con instancias de Naciones Unidas y con las propias organizaciones de base. Las organizaciones campesinas deberían ser tomadas en cuenta.
