Julio R. García-Merlos G.
La economía guatemalteca es como una llama que se queda sin oxígeno, necesita fuentes suplementarias.
La situación de la economía guatemalteca es preocupante, si bien es cierto desde la perspectiva comparada, Guatemala figura como el país de América Latina con menor decrecimiento económico, otros indicadores muestran algunas banderas rojas. El Índice de Inversión Extranjera Directa se mantiene en números negativos por dos años consecutivos. A pesar de que la cantidad de remesas ha alcanzado un punto récord y cada vez significa una proporción mayor de la economía nacional, esto es mérito de guatemaltecos trabajando en Estados Unidos, para nada es un logro que el gobierno pueda presumir. El gobierno ha sido incapaz de gestionar adecuadamente la compra de vacunas a distintos proveedores, figuramos entre los países con menores índices de vacunación del continente y adicionalmente no ha podido mejorar el precario sistema de salud, por lo que la capacidad de respuesta ante el Covid-19 sigue siendo muy baja. Como respuesta a la propia incompetencia del gobierno en cuanto a la pandemia, éste ofrece como solución la imposición de nuevas restricciones que golpean fuertemente la economía del país.
En medio de la incertidumbre que agobia y en la que se vislumbra poca esperanza en el corto plazo, existen posibilidades de darle un respiro a la economía y generar oportunidades para cientos de familias guatemaltecas. Actualmente se encuentra pendiente de su aprobación en tercera lectura una iniciativa para reformar la Ley de Zonas Francas. Si bien no se trata de una reforma estructural, ni de un planteamiento de gran envergadura, tendría un impacto considerable y generaría oportunidades para muchos.
De acuerdo con el marco legal vigente, una zona franca es un área de terreno física delimitada, planificada y diseñada; sujeta a un Régimen Aduanero Especial establecido legalmente, en el que personas individuales o jurídicas se dediquen indistintamente a la producción o comercialización de bienes para la exportación o reexportación, así como a la prestación de servicios vinculados con el comercio internacional.
En el año 2016 fue aprobada la Ley Emergente para la Conservación del Empleo que restringió el tipo de empresas que podía operar en una zona franca, excluyendo algunas que normalmente operan, tal como industrias de cosméticos, muebles o medicamentos. Uno de los argumentos de respaldo a ese cambio fue que se incrementaría la recaudación tributaria, pero hoy, cinco años (y una pandemia) después vemos que no fue así, sino que simplemente decenas de empresas decidieron trasladar sus operaciones a otros países con condiciones más favorables como la República Dominicana, entre otros. De acuerdo con datos de la Asociación Guatemalteca de Zonas Francas, existen más de 40 empresas interesadas en invertir si se aprueba esta iniciativa de ley que sienta las bases de un mejor marco legal para tener sus operaciones en Guatemala.
Los principales objetivos de la aprobación de esta reforma serían un impacto positivo en la recaudación tributaria y la recuperación de cientos de empleos. Mientras la clase política despierta y atiende las propuestas sobre reformas de gran impacto nacional, por lo menos deberían tomar como tarea la aprobación de estas leyes que constituyen pequeñas intervenciones, pero que sin lugar a duda, mejorarían la vida de cientos de guatemaltecos ansiosos por conseguir un empleo digno para llevar el pan diario a la mesa de sus familias.
