Por: Adrián Zapata
Nuevamente se ha manifestado una contradicción entre el Presidente y el Vicepresidente, a partir de la emisión del Decreto Gubernativo 4-2021, de fecha 16 del mes en curso, donde se declara “Estado de Prevención” en todo el territorio de la República. Esta normativa se emite a partir de la situación sanitaria que ha provocado la pandemia, agravada por el incremento de los contagios, las muertes y la saturación en los hospitales. El Decreto fue suscrito por todos los Ministros, pero el Vicepresidente votó en contra. Es evidente, como era de esperarse, que los miembros del gabinete estén completamente alineados con el Presidente, su personalidad no resiste la más leve diferencia de opinión. O se alinean o los echa.
Las razones que el Vicemandatario expresó públicamente para este rechazo se refieren a la ineficacia de los estados de excepción que hasta ahora se han decretado, así como al costo económico que las medidas sanitarias provocan. Le faltó señalar que el gobierno con su esquizofrénica política al mismo tiempo que llamó al turismo durante la Semana Santa, luego reprende a la ciudadanía por haber salido de sus casas.
Extrañamente tampoco se refirió al aprovechamiento que hace el Presidente para decretar la limitación de derechos constitucionales básicos, como son la libertad de movilización y expresión, contemplada en el inciso 4 del artículo 4 de dicho Decreto, que literalmente prohíbe “… manifestaciones públicas que afecten la libre locomoción de las personas o los servicios públicos y disolverlas si fuera necesario.”. Esta decisión es correspondiente con la voluntad represora que ya ha demostrado el gobierno, especialmente el Ministro de Gobernación, ante las expresiones de indignación ciudadana que podrían ocurrir ante la impopularidad que ya alcanzó el Presidente y su manejo de la crisis.
A mi juicio es comprensible las omisiones referidas, dado el aislamiento que sufre el Vicepresidente, tanto a nivel institucional (cooptada en gran medida por las mafias político criminales y el narco), como por parte de los empresarios que en la defensa de sus intereses inmediatos han apoyado, primero la salida de la CICIG y ahora el cambio en la Corte de Constitucionalidad, para que deje de ser “la corte celestial” y no se meta en ámbitos relacionados con la libertad económica entendida, perversamente, como un derecho absoluto. De haber referido esas argumentaciones hubiera agravado su aislamiento.
Pero, en todo caso, es plausible la decisión del Vicepresidente porque una vez más se distancia de la arbitrariedad presidencial y de los oscuros intereses que ella expresa, aunque los quiera cubrir, en este caso, con el manto de la protección sanitaria a la población.
Desde adentro del gobierno actual, arropado por sus aliados, parece ya imposible rectificar el rumbo. Hasta los gringos lo dicen, ejerciendo una injerencia que no agrada a quienes tenemos memoria histórica, pero que ahora tienen razón en lo que plantean, ya que tienen claro el panorama (los twitters de Kamala Harris no pueden ser más veraces). Creo que el Vicemandatario lo ha de tener claro.
El licenciado Castillo habrá de seguir dando la batalla en una trinchera internamente solitaria, pero que puede, eventualmente, converger con una movilización de indignación ciudadana.
