No es culpa de la pandemia el desastre de la educación en Guatemala, puesto que es algo que venía de atrás. No por gusto somos uno de los países con menor índice de escolaridad, menos de seis años promedio por alumno, ni que de cada 10 niños que reciben clases de lectura en sus primeros años apenas uno logre realmente desarrollar esa destreza y entiende realmente lo que está leyendo. Eso es patético e hipoteca el futuro del país porque cuando hablamos de inversiones cada vez es mayor la exigencia de mano de obra calificada y aquí eso sigue siendo un sueño. Hasta nuestros migrantes, que se esfuerzan y trabajan, sufren las consecuencias de esas deficiencias estructurales porque muchos se tienen que limitar a trabajos puramente físicos y manuales.
A ello se agrega ahora el estimado de que habrá un retroceso de año y medio en índices de escolaridad en la región debido al cierre de las escuelas por la pandemia. Si el promedio regional se estima de año y medio, en Guatemala no es exagerado suponer que será por lo menos de dos años por nuestra peculiar estructura y el sempiterno abandono.
Por años Guatemala fue de los países que no invertía en educación y en parte ello era una política de Estado para no educar al pueblo a fin de que no reclamara derechos. Ahora ya no ocurre lo mismo porque para Educación, o mejor dicho para pagar maestros, se destinan millonarias sumas que nos colocan dentro de los países que hacen buena “inversión en educación”, con la diferencia de que aquí esa inversión no llega al alumno porque sólo beneficia al maestro y a los que dirigen el gremio.
Si comparamos los “avances” en educación, desde cobertura hasta comprensión básica, con el incremento de gasto en el sector veremos que no hay correlación entre una cosa y otra. Se gasta más pero no se tiene mejor educación por el tipo de pactos colectivos que se han suscrito y que terminan siendo un arreglo politiquero en el que los maestros le venden a los gobiernos su respaldo político, con movilizaciones incluidas, para respaldar a los corruptos.
Invertir en educación es un deber ineludible, pero hacerlo bien es un deber responsable. En nuestro caso no hay inversión sino extorsión y eso se traduce en graves resultados. En el caso de la pandemia, se tuvo un año para armar un plan que permitiera un seguro regreso a clases y ver opciones para las escuelas en peores condiciones, pero la mediocridad ganó y ahora se sufren las consecuencias.
