Por: Adrián Zapata
El pasado lunes 12 del mes en curso, en el programa El mundo al día, de la Voz de América, VOA, por televisión, se divulgó una nota que titularon “Más militares para desalentar la migración, acuerdo de los Estados Unidos con países latinoamericanos”. Se refiere a un reciente acuerdo entre Estados Unidos, México, Honduras y Guatemala, según el cual México mantendrá 10,000 soldados en su Frontera Sur, Guatemala dispondrá de 1,500 policías y militares en su frontera con Honduras y a lo largo de la ruta migratoria por este país, mientras que Honduras dispondría de 7,000 policías para dispersar a los migrantes que pretendan cruzar la frontera con Guatemala. La nota en mención reproduce las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca.
Los datos sobre la migración “irregular” del mes de marzo siguen siendo alarmantes. Se reportan, en el marco de la nota periodística referida, 162,331 migrantes detenidos, de los cuales 18,890 fueron menores no acompañados, o sea casi un doce por ciento del total.
Por otra parte, la VOA también reportó que legisladores demócratas y republicanos visitaron la zona fronteriza, lo cual explicita el apoyo bipartidista a la política migratoria, quienes manifestaron su preocupación por el riesgo que plantea para los Estados Unidos la situación de inseguridad que significa esa migración irregular, dijeron que “los líderes de la droga están aprovechando esa inseguridad”.
Ampliando su información, la VOA también dijo que hay graves repercusiones de tal situación en las Cortes de inmigración en ese país, ya que existen aproximadamente 1,300,000 casos pendientes y solo hay un poco más de 500 jueces para resolver, o sea que cada uno de ellos tiene a su cargo aproximadamente 2,600 casos, razón por la cual se tardan más o menos dos años y medio en adjudicar cada caso, pero que algunos les lleva hasta cinco años. Dijeron que los tienen sepultados bajo cientos de expedientes.
La Asamblea Nacional de jueces ha denunciado el impacto de tal situación en las cortes, lo cual fue en gran medida producto de la política migratoria de Trump y demandan independencia judicial, denunciando que estos casos se utilizan de manera politizada.
Así que, aunque la administración Biden acertadamente reconoce las causas de fondo, de orden estructural, que determinan ese fenómeno que llaman “migración irregular”, la nota de la VOA claramente cita declaraciones de alto nivel estadounidense, donde se dice que “el primer paso debe ser asegurar la frontera”.
Organizaciones humanitarias como Human Rights Watch denunciaron que esa militarización pone en riesgo a niños y adolescentes, ya que ellos estarán entre los reprimidos. En Los Angeles ya se preparan dos centros para ubicar a dichos menores, uno con capacidad para 2,500 de ellos y otro de 1,100.
Todo lo referido debe ser motivo de preocupación. El riesgo es que, en la práctica, se adopte un discurso “políticamente correcto” por la administración Biden, pero que prevalezca lo mismo de siempre, la represión contra los migrantes. Igual fue con Obama, en cuya administración se produjo el mayor flujo de deportados hacia Guatemala.
