Luis Fernández Molina
La actual iniciativa del “combate a la corrupción” me trae a la mente la limpieza del lago de Amatitlán. De poco servirían químicos especiales o mágicos, mientras no se detengan las corrientes de aguas negras y desechos industriales que bajan por los declives. Traducción: serán poco efectivas las acciones aisladas de combate a la corrupción mientras no se ataque el generador central de la fuente principal de la contaminación: el sistema electoral. Cambios verdaderos, estructurales, solo se irán apareciendo cuando la población rescate su derecho a una elección más directa, menos manipulada.
Y nos urge un cambio para generar un país diferente. En un Estado de Derecho, con certeza jurídica se respirará un aire más oxigenado; así la productividad va a incrementarse y por ende los empleos y salarios. Serán menores los incentivos (o necesidades) para migrar. Traducción: promovamos la iniciativa de los empleadores, desde los más pequeños hasta los grandes.
Otra imagen me viene a la mente: el negocio de un amigo transportista; es consciente que debe renovar sus 5 camiones, pero sabe que no es momento oportuno para tan gran inversión. Por eso mejor gasta en hacer reparaciones (chapuces) que le sostengan unos 5 años. Traducción: Los cambios mayores requieren reformas constitucionales y de otras leyes mayores, por lo mismo adaptémonos mientras tanto a cambios menores que están a la mano. A guisa de telegrama, se necesitan reformas en:
Laboral. Mejorar el sistema de indemnización que la propia CPRG contempla: ej. legalizar formalmente que la indemnización se pueda “actualizar”, de forma voluntaria, cada 5 o 7 años. Legalizar igualmente el contrato a tiempo parcial, así como los salarios diferenciados que la CC anuló bajo premisa de que atentaban contra la igualdad. ¡Argumento falaz! Hoy día existen salarios diferentes, para empezar en el propio acuerdo que establece salarios mínimos y en el propio Código de Trabajo está el salario menor de los aprendices. Es claro que habrá complejidades y resistencias.
Fiscal. Que el IUSI, que sea parejo un 3 x millar en todos los inmuebles. Actualizar la normativa catastral de manera que los valores sean más realistas. Paralelamente reducir el IVA en operaciones de primera compraventa de inmuebles. Facilitar el cobro de impuestos y analizar la posibilidad de dar valor a todas las facturas para que así la población siempre las exija. Todo inversionista es “competidor” con los otros que se dedican al negocio y no es justo que el otro evada descaradamente impuestos.
Mercantil-Administrativo. Para evitar tanta empresa de cartón que afecta el cobro fiscal y la transparencia en licitaciones públicas, que los representantes legales tengan y reporten un salario que sea acorde a sus funciones y al monto de las operaciones y de las licitaciones. Nos quitaríamos tantos testaferros y cartulinas. Que en las escrituras constitutivas se indique cuál es el “objeto principal” de la sociedad porque hoy día, igual puede una empresa dedicarse a construir caminos que proveer shampoo, fabricar comida, producir medicinas, etc. El objetivo principal de una organización, asociación mercantil, es un giro específico que debe resaltarse.
Penal. Adecuar la prisión preventiva al mandato constitucional (artículos 13 y 14), como una excepción. Implementar los brazaletes a costa del procesado. Invertir en más juzgados penales para agilizar los procesos penales y de esa forma garantizar el debido proceso y la certeza de condena. Evitar la penalización del derecho civil y el terrorismo fiscal: En un ambiente de miedo y poca certeza los empresarios se cohíben.
Administrativo. Aprobar la ley que facilite los trámites administrativos (declaración jurada en muchos casos, tal como está en Costa Rica y otros países).
