Samuel Flores
La juramentación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, CC, reviste trascendental importancia para los guatemaltecos, sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos ha manifestado su preocupación por el grado de señalamientos de corrupción y falta de transparencia que durante los primeros 14 meses ha empañado la administración del partido VAMOS y se teme sea avalada por los magistrados electos por el oficialismo y que serán juramentados.
Las organizaciones civiles, indígenas y campesinas, contemplan la llegada de magistrados cuestionados que han favorecido a funcionarios, ministros y empresarios corruptos, lo cual permite observar un panorama oscuro para la nación durante los próximos cinco años.
Sin una “fiscal de hierro” de la talla de Thelma Aldana, la CICIG y una FECI debilitada por el escaso apoyo de la fiscal general Consuelo Porras, el Ejecutivo -bajo la presidencia de Alejandro Giammattei-, nombra en forma autoritaria y con el servilista aval de su consejo de ministros a la ex secretaria general de la presidencia Leyla Susana Lemus como magistrada titular ante la CC, y a Juan José Samayoa, suplente, ambos con fuertes cuestionamientos de incapacidad emanados de la sociedad civil y de la Vicepresidencia. El Ejecutivo continúa sin explicar en qué invirtió los más de Q14 mil millones de quetzales que fueron aprobados en 2020 para combatir la pandemia del COVID-19, y que la mayoría de la población no recibió.
El Legislativo dirigido por el mismo partido aprueba decretos que laceran la dignidad de los guatemaltecos incrementando la pobreza, falta de empleo, migración, persecución y criminalización en el área rural contra indígenas y campesinos que ven el incremento de los casos de desnutrición aguda y crónica. El presidente del Congreso Allan Rodríguez y su séquito de diputados que integran el pacto de corruptos encabeza la persecución contra la magistrada Gloria Porras, una de las pocas que ha luchado contra el oficialismo.
La elección en ese organismo de Dina Josefina Ochoa Escribá, y del diputado Luis Alfonso Rosales Marroquín, como magistrada titular y suplente, es una muestra más del avance del oficialismo en el manejo de resoluciones que favorezcan a políticos corruptos y algunos empresarios.
En esa maniobra oscura no podía faltar la designación de la CSJ del magistrado Roberto Molina Barreto, ex candidato vicepresidencial de Zury Ríos en 2019, y de Rosales Marroquín, ligado al Frente Republicano Guatemalteco, FRG, y a Zury Ríos.
El Colegio de Abogados y Notarios eligió a Néster Vásquez y Claudia Paniagua, pese a las impugnaciones y amparos sin resolver, cuya juramentación podría ser pospuesta.
La sociedad civil observa con incertidumbre esta juramentación y a medida que continúen los abusos del sistema crece su rechazo ante el avance del pacto de corruptos en la cooptación de las instituciones del estado.
