Fernando Mollinedo C.
Laboré para el Estado durante muchos años, tiempo en el cual me di cuenta de las iniquidades, abusos, arbitrariedades, prepotencia, mala educación, desprecio hacia el usuario, presunta superioridad, arrogancia, altanería, insolencia, analfabetismo funcional, ignorancia, tozudez, soberbia, terquedad y mala fe de los empleados y funcionarios de la administración pública.
Por supuesto, no son todos quienes persisten en la práctica de esas y otras conductas negativas que, por límite de espacio no refiero; admito que hay personas ejemplares –aunque pocas– que desempeñan su trabajo de forma ética y profesional en casi todas las instituciones y dependencias de la administración pública, sin embargo, las hay quienes ven, tratan, se imaginan, presumen o, a su estúpido criterio, creen que la atención al usuario es una limosna que ellos de mala gana proporcionan a quienes requieren de sus servicios.
Los contribuyentes y la población en general tienen el perfecto derecho a ser atendidos de forma cortés por los empleados y funcionarios, cualquiera que sea su categoría administrativa, porque a ellos se les está pagando un sueldo por su trabajo, que consiste en atender al público. Lo anterior, es un preámbulo para considerar la difícil tarea de gobernar y tratar de solucionar la infinidad de problemas y necesidades que padece la población; algunas veces exigiendo su resolución inmediata, sin saber o comprender que eso conlleva ciertos trámites y autorizaciones legales imprescindibles, por lo tanto, se necesita de un tiempo prudencial para solucionarlos.
Cuando esos trámites se realizan como procesiones que van al paso de tortuga como si la estuvieran cargando los empleados y funcionarios, irrita a la población porque sus demandas en la mayoría de los casos son enviadas a dormir el sueño eterno y pasan los años y ni… ninguna noticia o notificación al respecto. La responsabilidad administrativa, civil y penal de empleados y funcionarios está regulada en el Decreto 89-2002 del Congreso de la República que es la “Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos”.
Gobernar la casa, el trabajo, las asociaciones, cofradías, hermandades clubes, dependencias e instituciones del Estado, y cualquiera organización humana, conlleva capacidad intelectual para ejercer el cumplimiento de una obligación, por lo que, los nombrados para un trabajo deben llenar el perfil mínimo de conocimiento del área a desempeñar o dirigir, también poseer paciencia y liderazgo.
El GOBIERNO órgano superior del Organismo Ejecutivo de un Estado, integrado por el Presidente de la República y los ministros, secretarios generales y específicos, directores y funcionarios que tienen la responsabilidad de manejar, distribuir o disponer del dinero del Estado para la satisfacción de los problemas sociales ingentes. Los empleados son personas que por un salario o sueldo desempeñan los trabajos internos de las dependencias, éstos atienden un horario establecido. Desde el Presidente de la República hasta los más humildes trabajadores tienen responsabilidades por el buen o mal ejercicio de su trabajo.
