El caso del Director del Instituto Guatemalteco de Migración, Guillermo Díaz, es ilustrativo de cómo se manejan nuestras instituciones y con qué fines y se complementa, sin duda, con la decisión del Consejo de la Carrera Judicial de reinstalar al prófugo Mynor Moto como juez de instancia son indicadores de la forma en que se opera con la mayor desfachatez para incrementar las oportunidades que tienen quienes se encargan de realizar operaciones al margen de la ley, a favor de los trinquetes y de la impunidad.
El caso de Díaz es muy peculiar. Hace varias semanas publicamos en La Hora información recibida de fuentes muy confiables, en el sentido de que tras el pleito que hubo entre Giammattei y Felipe Alejos se produjo un acercamiento de ambos y que se pusieron de acuerdo en restablecer su buena relación a cambio de que le dieran a Alejos y al partido Todos, el control del Instituto Guatemalteco de Migración. Esta semana se produjo una petición de varios ministros de Estado para remover al Director y algunos dijeron que fueron instruidos por el mismo Presidente para promover esa acción administrativa. Díaz, por su parte, preguntado sobre esas noticias sobre el acuerdo entre el mandatario y el diputado Alejos, los confirmó diciendo que se tuvo que reunir algunas veces con gente de esa bancada por instrucciones de la superioridad pero que él no podía aceptar las presiones que le ejercían. Y dijo que no quería hablar más porque respetaba la autoridad de Giammattei que lo estaba removiendo.
Es sabido que muchos diputados meten las manos en la operación diaria de instituciones públicas para lograr distinto tipo de negocios y que esos acuerdos son comunes, tanto así que son la clave para conformar las alianzas oficialistas. Aquí ningún partido puede tener mayoría en el Congreso pero entre el Listado Geográfico de Obras y el acceso a otras dependencias, se van arreglando las mayorías oficialistas que han terminado manejando el poder Legislativo y este caso es una muestra más de cómo se opera y de los mecanismos que se utilizan.
El otro mensaje contundente de que los que alientan la impunidad no se arrugan ni siquiera ante la postura cada vez más clara de Estados Unidos es el que dan los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial a reinstalar a Moto como juez. Es público que el exfuncionario judicial se encuentra prófugo y únicamente en Guatemala se puede dar el caso de que a alguien en esas condiciones se le pueda designar para un cargo cuyo ejercicio acarrea inmunidad. En un pleno Estado de Derecho alguien que está prófugo de la justicia no podría ser designado para una responsabilidad de juzgar criminales pero Guatemala es Guatemala y ya sabemos que aquí ese cacareado Estado de Derecho está escrito en papeles más shucos que aquellos de los que habló Sinibaldi.
Si alguna muestra hacía falta para ver a dónde vamos y qué es lo que se promueve desde los más altos poderes, estos dos casos terminan siendo muy ilustradores del cinismo y desparpajo con que operan los promotores de la impunidad para alentar la corrupción.
