José Roberto Alejos Cámbara
Ya hablamos de que no son los partidos, que son las personas. Y cuando hablamos de la justicia y su politización es referirnos a esas personas que se dedican a ser operadores de la justicia, políticos, jueces y magistrados.
Corresponde ahora preguntarnos ¿Por qué los financistas no se conformaron con tener funcionarios a su disposición o comprometidos, a cambio del apoyo económico que brindaron a la campaña? Y hablo de los decentes, de esos que aportan dinero de sus empresas y de su propio pecunio, porque los narcos y los miembros del crimen organizado son otra historia.
Y es que, al observar la sociedad entre jueces y políticos, especialmente en el Congreso de la República, surge la inquietud de asegurarse que los que lleguen a este organismo de Estado no sean solo amigos comprometidos con los políticos que financian. ¿Por qué no llevar a las cortes a sus propios abogados? ¿A esos que por años han trabajado con o para ellos y que además conocen de los problemas que enfrentan en los tribunales?
Empezaron con sencillos acercamientos, con conversaciones vanas hasta llegar a convertirse en intermediarios, en socios de los hacedores de las listas en las Comisiones de Postulación y luego intermediarios directos con quienes eligen a quienes integran esos listados. Así es como empresarios amigos acuerdan citas con los jefes de bloque o con aquellos que reciben el financiamiento, para presentar a sus juristas elegidos y hablarles de su currículum, sus grandes conocimientos y especialmente de la ventaja que representa contar con alguien que llegue a velar por la correcta interpretación de las leyes, desde su punto de vista.
Financiar proyectos políticos no es un plan exitoso especialmente cuando se financia a candidatos presidenciales porque estos dejan de ser útiles cuando no ganan la elección, y más aún cuando estos ya no cuentan con el respaldo de su partido, entonces aquí, la inversión se pierde.
En alguna oportunidad sugerí que deberían preparar a sus candidatos a diputados, y aunque lo hicieron tampoco fue un proyecto con éxito. Hay casos como el del ex presidente del Congreso, Pedro Muadi, quien por su falta de experiencia cometió errores que ahora paga de forma justa o injusta, no me corresponde juzgar, pero muchos coincidimos que la sentencia inicialmente dictada (30 años) la merece un asesino o narcotraficante y no un empresario que incurrió en errores debido a su poca experiencia politica y/o legislativa.
Normalmente un empresario que incursiona en política no llega a esos puestos de toma de decisiones, lo viví con Julio Lowental, y con Jorge Skinner Klee entre otros, profesionales de alto nivel y capacidad, de esos que no crecen en los árboles. Desde afuera ya no hay operadores tan respetados y queridos como don Flavio Montenenegro, que en paz descanse.
Con la situación tan agresiva y directa contra algunos empresarios, con un sistema que no funciona, con una guerra ideológica inventada y manipulada; pero además con un panorama incierto y una ley electoral que no permite a financistas decentes apoyar a un candidato y con tantos temas sin resolver en tribunales… vamos a seguir viendo manos de financistas y de los otros sectores, hasta que no lleguen las tan esperadas reformas electoral y constitucional en este tema.