Raúl Molina
El excomandante de FAR César Montes ha concentrado sus esfuerzos en la Fundación Luis Turcios, para acompañar a campesinos e indígenas en Izabal en la defensa de sus tierras, territorios, recursos y derechos, que grandes empresarios, nacionales y extranjeros, tratan de arrebatar, como parte de su latrocinio permanente. En esta condición y por su trayectoria guerrillera, el CACIF y los militares lo han convertido en “enemigo público número uno” y sus sirvientes se han coaligado en una implacable cacería. Giammattei dijo que un objetivo esencial suyo desde antes de ser presidente era su captura y la Fiscal General ha inventado pruebas en su contra a raíz del hecho ocurrido en septiembre de 2019. Con manipulaciones, López Obrador fue burlado y permitió extraditar a Montes a Guatemala. Había sido capturado en suelo mexicano, sin orden judicial de ese país. Reconocido este error, el Embajador de México en Guatemala ha estado acompañado a Montes, quien posee ciudadanía mexicana, y ha evitado, hasta ahora, que sea asesinado en prisión.
El 9 de marzo, se informó: ‘A solicitud de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad y con base en los medios de investigación presentados, el Juzgado de Mayor Riesgo E, resolvió dictar auto de apertura a juicio en contra de Julio César Macías López alias ´comandante César Montes´ por delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa’, señaló el MP. De acuerdo con la investigación, Montes ‘fue la persona que dio la orden de atacar a militares el 3 de septiembre de 2019 en Semuy II, El Estor, Izabal’, donde murieron elementos del Ejército y cinco más quedaron heridos”. Ninguna alusión al campesino que murió en ese hecho y tenía torturas, quien supuestamente se suicidó. Dos preguntas clave son: ¿Quién dirige la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad? ¿Quién está a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo E? Las respuestas evidencian que no hay la menor garantía de un juicio justo y equitativo. Se busca decretar que el “prisionero político» pase el resto de su vida en prisión, en venganza por su vida revolucionaria. El caso no tiene sustentación; se dice que Montes, al no estar presente, dio la orden por teléfono, lo cual podría ser válido si tuviese autoridad sobre los causantes de las muertes; pero no existe línea de mando organizativa y ni siquiera se dice quiénes dispararon. ¿Campesinos? Montes siempre ha sido responsable de sus actos y sabe muy bien que cualquier “ataque al ejército” tendría repercusiones represivas, incluido el posible arrasamiento de la aldea. No había razón alguna para atacar a los soldados, a menos que fuese en autodefensa, en cuyo caso no existe delito. La defensa de la vida de la comunidad campesina obliga a acciones extremas; si gente armada entró sin orden judicial, para evitar violación y muerte, primero se dispararía y luego se esclarecería. El MP, que se ensaña contra Montes, ni siquiera explica por qué el ejército, sin estado de excepción, invadió la comunidad. Hipótesis van desde acciones pro-narcos hasta encubrir tropas extranjeras. Si el Estado no puede probar “línea de mando” de Montes, el acusado debe ser dejado en libertad.
