Juan José Narciso Chúa
Nada más claro que todo el trabajo que se urdió en el proceso de la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El objetivo era claro, no se podría permitir que pasara lo de hace algunos años, en donde según los actores correspondientes, se perdió la misma. Los actores involucrados también eran los mismos de siempre: el sector privado con sus representantes más conservadores, el Gobierno, el Congreso de la República, el Colegio de Abogados, la Corte Suprema de Justicia y la Usac.
Los intereses eran distintos, pero no importaba, mientras para algunos era recuperar el terreno perdido para conseguir que la inversión en minas se recuperara, que no se tuviera más problemas con las consultas, que no se concluyera cualquier idea en términos de aumentar impuestos y, por supuesto, consolidar su poder sobre el Estado y sobre el país en general.
En los otros, seguir esta agenda tendría también otro significado. Facilitar la corrupción y asegurarse impunidad. Y así todo caminó. Las élites y los grupos empresariales conservadores, se mantendrían alejados de la “bulla”, permitirían que los candidatos propuestos fueran fieles a su línea de pensamiento, todos propuestos por los poderes, sin ensuciarse las manos, sin decir nada, obtendrían lo que ellos necesitaban.
Los poderes se decantaron por asegurarse que las elecciones tuvieran los candidatos alineados y así fue. Los abogados decentes se negaron a participar, reconociendo que introducirse en esa vorágine únicamente los exponía a ser sujetos de escarnio, a ser objetivos para la descalificación y la manipulación y así llegaron pocos candidatos a la CSJ, pocos candidatos al Congreso de la República, prácticamente ningún candidato al Ejecutivo y aquellos candidatos al Colegio de Abogados, fueron apoyados con movilizar a todos los abogados que trabajan para el Gobierno para asegurarse los votos y en la Usac únicamente se perdió por la orden de captura del actual rector y un ex rector.
Pero no todo termina ahí. Descontentos con la elección de Gloria Porras en la Usac, la Corte Suprema de Justicia, renueva una acción para quitarles la inmunidad a dos magistrados de la actual CC, únicamente para quitar del camino a la magistrada reelecta y así concluir con el desarme total de esta corte y todo quedar listo para un 5 a 0, aún el 4 a 1 les molesta.
Así dentro del marco de la legalidad, pero sin ninguna legitimidad, los organismos responsables de elegir magistrados a la CC, concluyeron con la elección de la Corte de Constitucionalidad.
La legitimidad y la representación del actual sistema republicano descansa en el Pueblo (con mayúsculas), para ello el pueblo otorga un mandato para la conducción del país a través de las elecciones generales, pero en la Constitución no existe un mecanismo explícito para quitar dicho mandato, sino que se requiere de un proceso que toma más tiempo.
La poca credibilidad y la actuación de los poderes en contra de la misma población, son hechos cuestionables, sin duda, pero además carentes de legitimidad, con lo cual abre aún más la fisura en términos de la representación, con lo cual se agudiza dicha crisis de intermediación, pues ha venido deteriorándose desde hace mucho tiempo.
La legitimidad se gana con acciones trascendentes y estratégicas, no se adquiere únicamente con actuar en el marco de la ley, aunque sea un precedente importante, pero si se utiliza el marco de la legalidad para abusar del ejercicio del poder, constituye una afrenta al pueblo, no puedo decir a la democracia, pues hoy nos siguen demostrando que la misma, únicamente se refiere a cumplir con ritos que no guardan significado con la construcción de legitimidad, al contrario, se siguen deslegitimando los poderes fácticos y ello los expone cada vez más al escarnio de los pueblos, a aquellos que tienen en el abandono y sumidos en la desigualdad. Un futuro incierto se inicia.
