Por: Adrián Zapata
Durante los días pasados la designación/elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad consumió la atención de la “opinión pública”. Sin duda ese fue el tema que prevaleció en los medios. Se dijo mucho sobre el riesgo de que se cerrara el círculo de cooptación del Estado por parte del “pacto de corruptos”, expresión que ya está patentada e incluye a todos los sectores sociales y políticos que por diversas y hasta contradictorias razones les interesa la impunidad ante sus conductas delictivas. Quienes integran ese pacto se caracterizan por tener en el Estado su principal mecanismo de acumulación y reproducción de capital.
Ahora que ya sucedió lo temido, podríamos decir que ese pacto de corruptos le puso “la tapa al pomo” ya que, con una sola excepción, la CC estaría integrada por Magistrados supuestamente proclives al pacto de corruptos.
Con esto podrían ya quedar capturados en ese frasco el Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Contralaría General de la Nación y la Corte de Constitucionalidad. Quienes integran el pacto están dando brincos de alegría. Pero también hay otros que los acompañan en está algarabía, me refiero a quienes odiaban a la CC porque le endilgaban la responsabilidad de extralimitarse en sus fallos y legislar al resolver determinados temas. Especialmente los tienen furiosos algunas resoluciones que protegían determinados derechos de los pueblos frente a los intereses empresariales vinculados fundamentalmente a las actividades extractivas. Por eso, ellos y sus abogados no apoyaron con decisión la candidatura de Francisco Rivas para que fuera él quien integrara la CC por parte del CANG. Es así como los empresarios terminaron jugando en la misma cancha con el pacto de corruptos, cuyos integrantes les tiende la mano de la concordia afirmando que la Corte de Constitucionalidad será rescatada de la hegemonía que “la izquierda” ha tenido sobre ella.
Pero, por grave que sea el avance del proceso de cooptación del Estado, no creo que “consummata est”. Están pendientes de resolverse algunos recursos que podrían modificar el resultado. Pero aunque no fuera así, hay que ser optimistas, por difícil que resulte. Los Magistrados electos/designados, no representan a los entes que los llevaron a esa posición. Una vez en la CC ellos tienen la posibilidad de autonomizarse de su origen y de responder a sus principios y, por supuesto, a la Constitución que les corresponde preservar.
Recordemos que hace algunos años, cuando el Congreso de la República (que entonces tampoco se caracterizaba por ser un dechado de virtudes) debía elegir a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la CCIG de entonces expresó que a su criterio, algunos de los abogados propuestos deberían ser descartados, entre los cuales mencionó sin tapujos a la Licenciada Thelma Aldana. De igual manera, cuando dicha abogada competía por ser la Fiscal General, las organizaciones de derechos humanos pretendían la continuidad de Claudia Paz y Paz, pero Otto Pérez Molina la designó a ella. Y, sin embargo, la señora Aldana supo ponerse del lado de la justicia y convertirse en una heroína en la lucha contra la impunidad, constituyéndose en una comprometida aliada de la CICIG. Claro que no faltó el empujoncito que seguramente le dio los Estados Unidos.
Así que habrá que redoblar la presión sobre la nueva CC para “ayudar” a que los Magistrados se independicen de quienes los llevaron a esas posiciones. Por difícil que parezca aún les queda el beneficio de la duda.
