El artículo 167 de la Ley de Amparo establece que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no pueden ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus cargos y la única forma en que tales juzgadores expresan opinión es mediante su voto en las diferentes sentencias. Más claro no canta un gallo, pero los que más cacarean sobre la certeza jurídica callan ahora que la Corte Suprema de Justicia se saca de la manga el viejo antejuicio planteado por la Asociación de ex Constituyentes, que viven del dinero que les pasa el corrupto Congreso, y lo trasladan precisamente a ese pleno para que, con la aplanadora oficialista a todo vapor, se ordene el procesamiento y la cárcel para los magistrados Gloria Porras y José de Mata Vela. Bonerge Mejía, el otro sindicado por los constituyentes, murió el año pasado.
Algunos quieren hacer ver que el problema de la integración de la Corte de Constitucionalidad es ideológico y suponen que hay izquierdistas en la Corte por lo que se comprometieron a integrarla con los que ellos presentan como leales derechistas. En realidad ese es el maquillaje que usan para tapar que es un problema de honestidad versus corrupción y que lo que necesitaban es una CC que tape la corrupción para no poner en aprietos a todos los que le sacan tanta raja.
El Estado de Derecho y la certeza jurídica es lo que realmente está en juego y lo veremos esta semana cuando, pasando sobre el artículo referido de la Ley de Amparo, traten de quitar de en medio a la magistrada reelecta Gloria Porras, cuya cabeza es exigida por las huestes del sistema, no digamos del pacto.
Anteriores sentencias de la Corte de Constitucionalidad han dejado claro que no se puede perseguir a los magistrados por sus opiniones en el ejercicio de sus cargos, pero eso le vale madre a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso dominado por la mayoría de leales al modelo de cooptación que ha abierto las puertas no sólo a que financistas de postín dirijan el país, sino a que lo haga también el crimen organizado que se aprovecha de las debilidades y carencias institucionales de Guatemala.
La ciudadanía siente que el tema de la Corte de Constitucionalidad no le afecta y lo entienden como un pleito muy peculiar, por lo que la teoría de conspiración que lo plantea como ideológico termina siendo aceptada. Pero, en serio, está en juego la certeza jurídica y el precio que pagaremos por eso será inconmensurable.
