Amy Goodman y Denis Moynihan
En Estados Unidos, el precepto democrático del gobierno de la mayoría, expresado a través de un desordenado y caprichoso sistema electoral, con reglas diferentes en cada estado y cada condado del país, parece haber sobrevivido a los cuatro años de presidencia de Donald Trump. El poder real, sin embargo, reside en una arraigada y abrumadoramente blanca minoría republicana. Es cierto que el Partido Demócrata -a través del gran trabajo de los movimientos populares para movilizar a los votantes- alcanzó la Casa Blanca, logró arrebatarle al Partido Republicano el control del Senado y retuvo la mayoría, por un estrecho margen, en la Cámara de Representantes. A pesar de eso, los republicanos del Senado, mediante la táctica del obstruccionismo legislativo, un vestigio de la época de la esclavitud, todavía tienen el poder de vetar casi todas las propuestas de nueva legislación federal.
Un ejemplo es el caso de la Resolución 1 de la Cámara de Representantes, también conocida como Ley Para el Pueblo 2021. La Cámara de Representantes aprobó este proyecto de ley el miércoles por la noche, mientras los congresistas se apresuraban a terminar sus tareas para salir de Washington lo antes posible debido a los informes de amenazas de posibles actos violentos por parte de simpatizantes de Trump defensores de la supremacía blanca y de la teoría conspirativa QAnon. La Resolución 1 de la Cámara de Representantes ha sido descrita como la iniciativa de ley más amplia en pos de la democracia de las últimas décadas. Si se aprueba, mejoraría el sistema de empadronamiento de votantes y ampliaría las posibilidades para emitir el voto; pondría fin a la manipulación partidista, con sesgo racial, en la delimitación de los distritos electorales; obligaría a divulgar los datos de todos los donantes de las campañas electorales, aumentaría los fondos de contrapartida financiados por la administración pública para los candidatos al Congreso; e impondría estrictas normas de ética y transparencia a los miembros del Congreso y de la Corte Suprema de Estados Unidos. Se supone que un proyecto de ley a favor de la democracia sería muy bien visto en la democracia más antigua del mundo. Sin embargo, ningún republicano votó a favor de la iniciativa. Y a menos que los 50 miembros demócratas del Senado se unan para poner fin a la táctica del obstruccionismo legislativo, lo que podría hacerse con una aprobación por mayoría simple, la Resolución 1 de la Cámara de Representante y muchos otros proyectos de ley que se presentarán en el futuro morirán a manos de la minoría republicana del Senado.
El difunto activista conservador Paul Weyrich, cofundador de la organización de derecha The Heritage Foundation, expuso la directriz clave de la estrategia republicana en 1980: “No quiero que todo el mundo vote. Las elecciones no se ganan con el voto de la mayoría. Nunca ha sido así en la historia de nuestro país, y no es así ahora. De hecho, para ser francos, nuestra ventaja en las elecciones aumenta considerablemente cuando la población que vota disminuye”.
La estrategia republicana se basa en restringir la participación de votantes.
Las legislaturas estatales controladas por los republicanos han lanzado un ataque sin precedentes contra el derecho al voto, intentando revertir los avances que se han hecho en relación con este derecho, ganado con esfuerzo durante el último siglo y medio. Más de 250 proyectos de ley para limitar la participación electoral han sido presentados en las legislaturas estatales.
En un caso presentado esta semana sobre la restricción de la participación electoral en el estado de Arizona, se espera que la Corte Suprema, actualmente de mayoría republicana, también imponga su sesgo partidista en este punto clave de la democracia, destruyendo lo que queda de la Ley de Derecho al Voto de 1965. Al exponer sus argumentos contra la resolución de un tribunal inferior respecto a las tácticas de restricción del derecho al voto en el estado de Arizona, el abogado del Partido Republicano de Arizona declaró con franqueza, siguiendo la misma línea de razonamiento de Weyrich: “[El fallo] nos pone en desventaja competitiva en relación con los demócratas. La política es un juego de suma cero”.
La Cámara de Representantes de Georgia aprobó el proyecto de ley HB531 esta semana, en una votación que siguió de forma rigurosa las líneas partidarias. La legisladora estatal demócrata de Georgia Jasmine Clark describió al proyecto de ley como un “manual para limitar la participación electoral”: “Este proyecto de ley reduce, restringe y limita todos y cada uno de los aspectos de nuestras elecciones”.
El proyecto de ley HB531 incluye disposiciones que requerirían la presentación de un documento de identidad con fotografía para obtener la autorización para votar por correo; limitarían el número de buzones para la entrega de los votos por correo y exigiría que los buzones se instalen en espacios cerrados, lo que limitaría el acceso a ellos. La ley también restringiría en gran medida la votación anticipada; y, quizás lo más importante, reduciría o eliminaría la votación anticipada los domingos, un día en el que tradicionalmente los afroestadounidenses suelen ir a votar en gran número después de asistir a las celebraciones religiosas, una acción colectiva que es conocida como “Almas a las urnas”.
En diálogo con Democracy Now!, Ari Berman, escritor y periodista de la revista Mother Jones, dijo: “Esta es una nueva forma de leyes de corte segregacionista, del estilo de las leyes segregacionistas de la época de Jim Crow. Están apuntando a los métodos de votación que suelen utilizar mayoritariamente los votantes negros, en estados como Georgia. Estos métodos lograron que haya una participación récord de votantes en las últimas elecciones y ayudaron a que en Georgia ganara el Partido Demócrata y obtuviera los dos senadores por el estado en las elecciones de segunda vuelta que se realizaron a principios de 2021. En todo el país estamos viendo cómo los republicanos están mellando la democracia. […] Están manipulando al extremo la delimitación de los distritos electorales para tratar de mantener el poder en las legislaturas estatales y recuperar el control de la Cámara de Representantes en 2022. Están usando la táctica del obstruccionismo legislativo, de modo que 41 senadores republicanos, que representan solo el 21% del país, pueden bloquear cualquier iniciativa, desde el aumento de un salario mínimo a 15 dólares la hora hasta una legislación para recuperar la Ley del Derecho al Voto”.
Sin embargo, los republicanos no son los únicos que restringen la participación electoral de las personas de color. La congresista demócrata del estado de Misuri Cori Bush, activista de Black Lives Matter y madre soltera que durante una época vivió en la calle, presentó una enmienda a la Resolución 1 de la Cámara de Representantes para conceder el derecho al voto a las personas privadas de libertad que han sido condenadas por delitos graves. Actualmente, solo los estados de Vermont y Maine y el Distrito de Columbia permiten la participación electoral de los reclusos. La congresista demócrata del estado de Massachusetts Ayanna Pressley, una de las integrantes del “escuadrón” más progresista del Partido Demócrata, propuso reducir a 16 años la edad mínima para votar. Ambas enmiendas presentadas por estas mujeres afroestadounidenses progresistas podrían haber aumentado significativamente la participación electoral en las comunidades de color. Sin embargo, ambas propuestas fracasaron porque la mayoría de los representantes demócratas se unieron a los republicanos para rechazarlas.
La organización de los movimientos populares permitió que los demócratas obtuvieran esta estrecha ventaja para aprobar proyectos de ley de corte progresista, desde proteger y expandir el derecho al voto hasta proporcionar atención médica universal y un salario digno. Ahora más que nunca hay que presionar para que los representantes de la minoría no utilicen las maniobras obstruccionistas de la época esclavista para bloquear cada propuesta de ley progresista que se presente.
